El Ministerio de la Igualdad en Colombia atraviesa una crisis institucional sin precedentes, con un futuro incierto que podría llevar a su liquidación antes de agosto de 2026.
Las dificultades se agravan en pleno año electoral y ponen en riesgo más de un billón de pesos asignados a políticas sociales, mientras la ejecución presupuestal de inversión social se mantiene por debajo del 6%.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La entidad enfrenta presiones políticas, denuncias internas y cambios recurrentes en su dirección, según informes del Ministerio de la Igualdad.
El panorama presupuestal es especialmente crítico. El Ministerio de la Igualdad informó que el presupuesto total para 2025 supera los $455.775 millones, con un 79% destinado a inversiones sociales y un 21% a gastos de funcionamiento. Si bien el compromiso de recursos alcanza el 99.55% del total, los pagos efectivos apenas representaron el 23.56% al cierre del año, de acuerdo con los reportes oficiales.
Durante julio de 2025 solo se había pagado el 1.9% de un presupuesto que suma más de un billón de pesos, con $798.523 millones comprometidos a funcionamiento y $498.912 millones para inversión. La brecha entre los compromisos presupuestales y los desembolsos efectivos quedó en evidencia, en especial para programas dedicados a grupos vulnerables.
Por áreas, la ejecución en gastos de funcionamiento muestra cifras elevadas. El ministerio sostiene que los pagos en este rubro se acercan al 93%, centrados en personal y servicios, con compromisos y erogaciones que superan el 97%.
Sin embargo, en inversión social la situación es precaria: la Dirección para Derechos LGBTIQ solo ejecutó el 6.69%; la de discapacidad, el 7.31%; mientras que proyectos como acceso igualitario al agua cuentan con una ejecución mínima del 0.22%, y el rubro de atención a mujeres víctimas de violencia no reporta pagos. En total, el nivel de pagos relativos a inversión cerró en apenas 5.18%.
El seguimiento a las reservas presupuestales confirma la tendencia de subejecución. Para 2025, las reservas superan los $1.4 billones, con la mayor parte obligada a transferencias sociales y programas de acceso al agua, discapacidad y derechos LGBTIQ. No obstante, la transferencia efectiva de estos fondos fue marginal hasta diciembre.
El impacto de la baja ejecución es visible en programas clave afectados por la subejecución. Por ejemplo, el programa “Jóvenes en Paz” involucraba a 28.886 personas en 73 municipios, pero enfrentó denuncias y la liquidación de convenios externos. Según el viceministro Pablo Zabala en El Espectador, el ministerio tuvo que “reconfigurar la operación bajo una nueva arquitectura”; la vinculación de personal seguía incompleta al cierre del año.
El Viceministerio de Mujeres tampoco ejecutó recursos de los $129.785 millones destinados a la reducción de brechas y emprendimiento femenino durante 2025. En el caso del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional, cuatro cambios de dirección en menos de un año obstaculizaron la aprobación y continuidad de los proyectos sociales, de acuerdo con el seguimiento de El Espectador.
A las cifras se suman conflictos internos y escándalos recientes. Según Infobae Colombia, la gestión ha estado marcada por denuncias de irregularidades, entre ellas el caso de Juliana Guerrero, postulada como viceministra de Juventudes, quien fue apartada por la presentación de documentos académicos irregulares.
Otra controversia implicó a Tamara Ospina Posse, señalada por el sindicato Sunet por supuestas prácticas de maltrato y toma de decisiones sin fundamento técnico, lo que obstaculizó “procesos clave”.
Ospina desestimó estas acusaciones como “injurias y calumnias”. Además, se han documentado acusaciones de acoso laboral, racismo y luchas internas que minaron la confianza institucional y salpicaron a miembros del entorno presidencial.
Los cambios en la dirección han profundizado la inestabilidad de la cartera. Tras la salida de la vicepresidenta Francia Márquez, el ministerio regresó a la gestión directa del presidente Gustavo Petro. Juan Carlos Florián asumió como ministro encargado, pero debió abandonar el cargo el 14 de enero de 2026 después de menos de seis meses.
Esta salida ocurrió bajo presión política y reproches por la baja ejecución presupuestal. Durante su mandato, la ejecución presupuestal fluctuó entre el 1.9 % y poco más del 3 %. Florián defendió que logró avances hasta el 25 %, aunque persistía el escepticismo sobre la viabilidad del ministerio.
En los últimos meses, la cartera formalizó contratos por $2.000 millones con la Unión Temporal por la Igualdad 2025 para servicios logísticos, así como acuerdos adicionales con el Fondo Mujer Libre y Productiva y el Fondo de Población de Naciones Unidas, por un total de $8.978 millones.
El futuro jurídico del ministerio depende del Congreso, que debe definir su continuidad antes del 20 de junio de 2026. La falta de apoyo multipartidista y la declaración de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional motivaron la exploración de alternativas para trasladar funciones a entidades como el Departamento de Prosperidad Social.
Tanto la Contraloría como la Procuraduría han intensificado la vigilancia y presionan por mayor transparencia, ante una atención política creciente por la campaña electoral. Desde el Ministerio de la Igualdad se reconoce que “el reto principal no está en la asignación o compromiso de recursos, sino en su desembolso real, lo cual limita el impacto de la política pública sobre los beneficiarios previstos”.
La eventual liquidación del ministerio pondría en riesgo la continuidad de iniciativas para mujeres, personas LGBTIQ, personas con discapacidad, migrantes y otros grupos priorizados en la agenda social.
Más de $156.481 millones quedarían pendientes de ejecución. Fondos para derechos LGBTIQ, acceso al agua, emprendimiento femenino y atención a personas en situación de vulnerabilidad podrían no tener continuidad si no se establecen mecanismos alternativos dentro del Estado, según fuentes oficiales y reportes de prensa.