Las actuales condiciones del predio El Laguito II, ubicado en San Carlos, Córdoba, generaron preocupación entre los campesinos de la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, que señalan que la tierra no es apta para la siembra tras años de uso ganadero intensivo por parte de la empresa El Ubérrimo S.A.S., vinculada a la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Según explicó Carmenza Gómez, integrante de la asociación, a Noticias Uno: “la tierra es bien árida, pues por lo que el ganado, me imagino que años ahí, pisoteando esta tierra, entonces es muy dura, porque nosotros ya iniciamos con un cultivo y no nos fue tan bien”.
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Los campesinos afirman que el paso constante de las vacas habría copactado el suelo, lo que ha dificultado el desarrollo de cultivos y ha reducido significativamente el potencial agrícola del terreno.
A pesar de recibir el predio en 2023 gracias a la adjudicación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la asociación ha enfrentado serias dificultades para lograr una producción exitosa de arroz, plátano y yuca, así como en proyectos de apicultura.
La situación ha llevado a que los agricultores consideren solicitar créditos para intentar mejorar las condiciones físicas del suelo y diversificar sus cultivos con maíz, fríjol y ñame, además de proponer la creación de una escuela de formación campesina en la zona.
Finca familiar El Uberrimo
Durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 -2010), su esposa, Lina Moreno de Uribe, habría iniciado un proceso de apropiación de varios predios en Montería (Córdoba), con el objetivo de anexar un baldío de la nación a la finca familiar El Ubérrimo.
A través de la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., la familia habría ocupado y explotado irregularmente el predio conocido como El Laguito II, un terreno de 8,3 hectáreas en San Carlos (Córdoba), durante más de nueve años.
El intento de legalización de la propiedad se realizó por medio de una demanda de prescripción adquisitiva, figura jurídica que permite reclamar la propiedad de un bien tras su ocupación por un periodo determinado.
La demanda, interpuesta por Moreno en 2019 ante un juzgado de San Carlos, argumentaba la posesión continua del terreno por más de siete años. Sin embargo, el juez solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que verificara el origen del predio, determinando que se trataba de un baldío estatal.
Según información suministrada por la ANT, esta condición impedía aplicar la prescripción adquisitiva, ya que solo la entidad puede adjudicar baldíos de la nación a particulares.
La familia Uribe desistió de sus pretensiones en agosto de 2022 y devolvió el predio al Estado, coincidiendo con el cambio de Gobierno.
En mayo de 2023, la ANT entregó provisionalmente El Laguito II a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán. Para diciembre de 2025, la ANT formalizó la adjudicación del terreno, otorgando a la asociación el título de propiedad.
En su momento, la entonces subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, Lilia María Rodríguez, explicó que la entrega de El Laguito II simboliza la recuperación de baldíos estatales indebidamente apropiados por grandes empresas y clanes políticos, y su devolución a familias campesinas con proyectos agrícolas y apícolas.
Rodríguez expresó: “La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos, y que hoy regresan a las manos campesinas que debieron haberlo trabajado desde hace décadas”.
Las familias beneficiarias ahora cuentan con certeza jurídica para acceder a créditos y desarrollar iniciativas productivas, en el desarrollo de la Reforma Agraria que suma más de 1.878.000 hectáreas formalizadas a comunidades rurales, según cifras oficiales.