La Presidencia de Colombia adjudicó un contrato millonario de 10.000 millones de pesos a Amadeus Consultancy Limited, representada por el abogado estadounidense Daniel Martin Kovalik, para ofrecer defensa internacional y asesoría jurídica especializada al presidente Gustavo Petro por su inclusión en la lista Clinton de sanciones estadounidenses.
La noticia, conocida en la mañana del 11 de enero de 2026, provocó un intenso debate político y público, tanto por el alto costo como porque, en octubre de 2025, Kovalik aseguró que actuaría en este caso como un pro bono.
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La polémica aumentó tras la reacción de la senadora María Fernanda Cabal, que criticó públicamente el uso de recursos estatales para un proceso que calificó como de interés personal del mandatario.
“Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería ‘pro bono’, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos con AMADEUS Consultancy (UK) para su proceso ante la inclusión en la lista OFAC. Este es un proceso personal de Petro, no institucional. ¡Debe responder como persona natural, no con recursos del Estado!”, difundió en la red social X.
El trasfondo del caso se remonta a octubre de 2025, cuando Kovalik afirmó públicamente que representaría a Petro “sin costo” para el Gobierno nacional. El motivo de su apoyo fue el proceso iniciado por autoridades de Estados Unidos tras la inclusión de Petro en la base de datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), lo que tiene efectos legales y financieros para el jefe de Estado. Así lo indica la minuta contractual consultada por Infobae Colombia.
A pesar del compromiso inicial del abogado, el contrato formal establece la prestación de una “asesoría jurídica altamente especializada en defensa jurídica internacional”, dedicada al análisis normativo y estratégico del régimen de sanciones financieras internacionales vigentes contra Petro.
De acuerdo con la minuta publicada por el Dapre, el valor total pactado asciende a 10.000 millones de pesos, equivalentes a dos millones de libras esterlinas. El pago será efectuado en cuatro cuotas iguales, usando una tasa máxima fija de 5.000 pesos por libra esterlina.
El cronograma de pagos detalla que la ejecución se prolongará hasta el 30 de abril de 2026, con desembolsos mensuales de 500.000 libras esterlinas, es decir, unos $2.500 millones de pesos, entre enero y abril del mismo año.
Cada cuota estará supeditada a la entrega y aprobación de informes periódicos de avance, reuniones con la Presidencia y presentación de análisis técnicos sobre sanciones internacionales.
“Si el objeto del contrato se cumple antes de la fecha pactada, los pagos que se encuentren pendientes se realizarán en los siguientes diez (10) días hábiles a la presentación del informe de gestión final y la solicitud de pago o factura electrónica según sea el caso, aprobados por el supervisor del contrato”, señala el documento.
Entre las principales obligaciones contractuales, Amadeus Consultancy Limited debe mantener estricta confidencialidad sobre toda la información y resultados asociados, dada “la naturaleza altamente sensible y estratégica de la defensa”, según la minuta del contrato.
Además, la supervisión estará bajo la responsabilidad de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y cualquier producto intelectual generado será propiedad de la República de Colombia, resguardado en reserva salvo autorización específica.
El documento especifica que la asesoría y defensa requeridas no podían ser ejecutadas por personal de la planta de la Presidencia, según certificación interna, lo que justificó la contratación directa y la exclusión de los topes de la tabla tradicional de honorarios. Además, la minuta destaca que la mayor parte de la labor se desarrollará en el exterior, pues el proceso tiene lugar ante autoridades extranjeras y organismos internacionales.