La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, volvió a arremeter contra el régimen de Nicolás Maduro tras conocerse la actualización del indictment por narcotráfico presentado por la justicia de Estados Unidos.
Según afirmó la congresista, el documento confirma lo que durante años —dice— fue negado por el chavismo y relativizado por sectores de la izquierda regional: la existencia de una alianza criminal sistemática entre el poder venezolano, las Farc y el narcotráfico internacional.
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“El escrito de acusación contra Maduro en Estados Unidos prueba la relación criminal entre las Farc y la cúpula del chavismo desde 1999”, afirmó Valencia a través de su cuenta oficial en la red social X.
Para la candidata, la nueva acusación no solo fortalece el caso judicial contra el mandatario venezolano, sino que desmonta la narrativa política que presentó esa relación como una simple afinidad ideológica. “Hablaron de socialismo y bienestar, pero lo único que lograron fue pobreza, corrupción y narcotráfico”, agregó.
La reacción de Valencia se da luego de que se conociera que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York actualizó la acusación contra Maduro y su entorno, incorporando hechos recientes, nuevas estructuras criminales y alianzas vigentes, al tiempo que eliminó referencias a episodios ya superados, como el rol central que en el pasado ocupó la guerrilla de las Farc.
El ajuste busca fortalecer la solidez jurídica del caso de cara a un eventual juicio, en el que se espera la presentación de pruebas y testimonios clave.
Aunque el nuevo indictment reduce el protagonismo de las Farc como organización —tras su desmovilización formal—, mantiene la tesis de que durante más de dos décadas existió una cooperación activa entre la guerrilla colombiana y el aparato estatal venezolano.
Según el documento judicial, desde 1999 los acusados “se asociaron con organizaciones narcoterroristas transnacionales”, entre ellas las Farc, el ELN, el Cartel de Sinaloa, los Zetas y, más recientemente, el Tren de Aragua.
Para Paloma Valencia, este punto es central. “La articulación entre el chavismo y las Farc era precisa”, sostuvo la senadora, al señalar que no se trató de contactos aislados, sino de una estructura con roles definidos.
En su análisis, las Farc se encargaban de la producción de cocaína, mientras que la cúpula chavista —a través del denominado Cartel de los Soles— facilitaba rutas, protección estatal y armamento militar. “Maduro negociaba los envíos a Estados Unidos y el régimen les suministraba armas”, afirmó.
La congresista recordó que, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se consolidó un cambio geopolítico que permitió la expansión de la guerrilla en territorio venezolano.
“La llegada del chavismo al poder fue clave para la expansión de las Farc”, aseguró. Según Valencia, desde finales de los años noventa, en paralelo a los diálogos del Caguán en Colombia, la guerrilla pactó con sectores del poder venezolano el traslado de su infraestructura criminal al otro lado de la frontera, bajo protección oficial.
En sus pronunciamientos, Paloma Valencia también recordó que, según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, este no sería el único episodio que evidencia la relación entre el chavismo y las Farc. La senadora afirmó que Piedad Córdoba habría recibido 320.000 dólares por un favor realizado a las Farc y a Hugo Chávez, y subrayó que su hermano, Álvaro Córdoba, se declaró culpable de narcotráfico ante la justicia estadounidense.
Valencia agregó que, a su juicio, Chávez fue uno de los líderes del denominado Cartel de los Soles y que durante su gobierno brindó protección directa a la guerrilla colombiana.
La acusación estadounidense recoge varios episodios que respaldan esta tesis, entre ellos la entrega de armamento de origen venezolano a las Farc, operaciones de lavado de dinero provenientes del narcotráfico y el uso de pistas clandestinas con apoyo de autoridades militares.
Aunque algunos de estos hechos fueron depurados en la versión más reciente del indictment, la Fiscalía mantiene la narrativa de una organización criminal transnacional que utilizó el Estado venezolano como plataforma para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Valencia también evocó las denuncias realizadas durante el gobierno de Álvaro Uribe. “El Gobierno Uribe denunció hasta el cansancio que Venezuela protegía y refugiaba a las Farc. Dieciséis años después, el tiempo dio la razón”, afirmó, sugiriendo que la acusación estadounidense valida esas advertencias ante la comunidad internacional.
En el nuevo escenario judicial, el énfasis está puesto en actores criminales actualmente activos, como el Tren de Aragua y el ELN, sin que ello —a juicio de la senadora— borre la responsabilidad histórica del chavismo en la consolidación del narcotráfico regional. Para Valencia, el caso contra Maduro expone un modelo de poder basado en economías ilegales que tuvo efectos devastadores en Venezuela y en países vecinos.