El anuncio del Gobierno de Gustavo Petro sobre un aumento del 23,78% en el salario mínimo legal para 2026 generó preocupación a nivel nacional. La decisión, que incrementa de manera considerable el ingreso base para los trabajadores formales, plantea un desafío inédito para las finanzas públicas y el conjunto del sistema económico. Mientras el Ministerio de Hacienda calcula un costo fiscal directo de aproximadamente $7 billones, expertos sostienen que el impacto real puede acercarse a $30 billones, lo que genera inquietud por la sostenibilidad estatal, el empleo formal y la estabilidad inflacionaria.
El propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó la magnitud de la medida, aunque enfatizó la visión oficial de que la política podría dinamizar el consumo interno. “El costo fiscal es de unos $7 billones, pero el impulso al consumo podría generar un crecimiento superior al 5% y mayores ingresos tributarios”, expresó el funcionario sobre la perspectiva del Gobierno de que el ajuste redunde en crecimiento económico y en mayor recaudación.
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Sin embargo, desde el ámbito de las finanzas públicas, la alerta es notoria. El exministro de Hacienda Diego Guevara dijo a medios como La W y Caracol Radio que “el mayor impacto de este aumento no estará en el mercado laboral, sino en el Presupuesto General de la Nación”.
Detalló el exfuncionario que el presupuesto de 2026 se diseñó previendo un incremento del 7% en el salario mínimo, muy lejos de la subida definitiva, lo que genera una brecha de 16,7 puntos porcentuales (pp). Según él, “entre pensiones y salarios mínimos que se tienen que pagar del Tesoro pueden ser unos $10 billones adicionales; el hueco total de financiación podría ampliarse a cerca de $30 billones”.
Agregó que la mayor preocupación estriba en las fuentes para cubrir este desfase. “La pregunta clave es de dónde saldrá la caja, eso se traduce en nueva deuda, probablemente más costosa, o una nueva reforma tributaria”, cuestionó.
Impacto en el sistema pensional
Uno de los segmentos más impactados es el sistema pensional. Más de un millón de pensionados reciben mesadas calculadas a partir del salario mínimo, lo que implica que sus ingresos aumentarán automáticamente en más del 23% desde enero de 2026. El experto en pensiones Kevin Hartmann dijo a Caracol Radio que “solo en Colpensiones, el aumento tendría un costo aproximado de $4 billones”.
Sobre el régimen privado, recordó que hoy, un hombre de 62 años necesita cerca de $420 millones, pero desde enero de 2026 esa cifra subirá a $535 millones”, como capital requerido para acceder a una pensión con base en el mínimo garantizado.
La nómina del Gobierno
De acuerdo con el director del Centro Javeriano de Competitividad, Oliver Pardo, el alza supone un costo relevante y sostenido. Por medio de X, el profesor asociado de la Universidad Javeriana precisó que “el aumento del 23% en el salario mínimo (al menos 16 puntos porcentuales -pp- por encima de la inflación y del crecimiento de la productividad) puede costarle a la Nación más de $5 billones anuales por concepto de nómina y casi otros $5 billones por concepto de pensiones”.
Esto se traduce en una carga directa de aproximadamente $10 billones al año para el Estado, focalizada en los pagos a trabajadores y pensionados del sector público.
Presión desafortunada al sistema económico
De igual forma, el ajuste genera profundos interrogantes para el mercado laboral y para la evolución de los precios. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, Juan Pablo Herrera, manifestó su escepticismo respecto a la decisión presidencial. “Un incremento del 23% implica una presión absolutamente desafortunada para el sistema económico en dos dimensiones. Claro que es un costo, y es un costo laboral muy importante para las empresas. No es un motivo de celebración, es un motivo de total preocupación”.
Herrera remarcó que el mecanismo para actualizar el salario mínimo debería seguir parámetros técnicos como la inflación y la productividad, factores que, según sus estimaciones, solo justificarían un aumento del 7%. Añadió además que el 56% de la actividad económica nacional ocurre en la informalidad, lo que acentúa el efecto en el sector formal.
Advirtió que el impacto se sentirá tanto en el sector privado—donde el 99,5% de las empresas corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas—como entre los hogares con menos recursos. Señaló que la medida puede traducirse en “destrucción de empleo y encarecimiento de productos y servicios”, efectos que están documentados en la literatura económica regional y que podrían afectar, sobre todo, a quienes cuentan con menor poder adquisitivo.