
La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente el escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, identificados como los presuntos responsables de haber agredido y causado la muerte a un joven universitario en un caso que conmocionó a la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.
La investigación sostiene que los imputados persiguieron y golpearon a la víctima en la vía pública hasta dejarla inconsciente, desencadenando un trágico desenlace.
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Los hechos ocurrieron el 31 de octubre, cuando el joven salió de un establecimiento comercial y fue interceptado por Suárez Ortiz, quien, según las pruebas recabadas, lo habría atacado por la nuca de forma sorpresiva.
La víctima no reaccionó ante el primer golpe y optó por retirarse hacia el occidente de la ciudad acompañado de otra persona, con el objetivo de evitar que el incidente escalara y de encontrar un medio de transporte para alejarse del lugar.
Las actuaciones recogidas en el proceso judicial indican que, lejos de desistir, los acusados persiguieron y alcanzaron nuevamente al estudiante.
El escrito relata que González Castro le propinó una fuerte patada por la espalda que hizo que el joven cayera al suelo.

En ese momento, “aprovechando el estado de indefensión e inconsciencia en el que quedó”, Suárez Ortiz presuntamente continuó agrediéndolo, exacerbando la gravedad de las lesiones.
El estudiante fue trasladado de urgencia a un centro asistencial en estado crítico.
Los informes médicos determinaron que presentaba politraumatismos en cara, cráneo y tórax, lesiones que finalmente derivaron en su fallecimiento tras el ingreso hospitalario.
Por estos hechos, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro deberán enfrentar un juicio oral señalados como presuntos responsables del delito de homicidio agravado.
La Fiscalía sustenta su acusación sobre un conjunto de evidencias que confirman la secuencia y gravedad de las agresiones, así como el nexo causal con la muerte del universitario.

La radicación del escrito de acusación marca el inicio del proceso judicial en el que la justicia colombiana buscará determinar la responsabilidad de los señalados en un episodio que, según las pruebas preliminares, ocurrió en la vía pública ante la mirada de posibles testigos y dejó como saldo la muerte de un estudiante universitario en Bogotá.
Interpol emitió circular roja para capturar a Paola Fernández
La búsqueda internacional de Paola Fernández, conocida como “la mujer del disfraz azul”, ha cobrado un nuevo impulso tras la confirmación de su presencia en Venezuela, país al que viajó tras la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.
La delegada para la Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, detalló en declaraciones recogidas por W Radio Colombia que “ya tenemos la circular roja” y añadió que “la Fiscalía envió la solicitud para que fuera incluida en circular roja y la Interpol ya la incluyó”.
La funcionaria precisó que la sindicada no se encuentra en territorio colombiano, sino en su país natal: “Se sabe que precisamente está en Venezuela”.

La emisión de la circular roja por parte de la Interpol representa una ampliación significativa del proceso de búsqueda, ya que permite que Fernández sea localizada y capturada en cualquiera de los 196 países miembros del organismo internacional.
Este procedimiento, solicitado formalmente por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, responde a la investigación en curso por el homicidio del estudiante Moreno Jaramillo, quien cursaba el séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.
La inclusión de Fernández en la lista de personas buscadas internacionalmente ha permitido redefinir las estrategias de la indagación, abriendo la puerta a la posible solicitud de extradición hacia Colombia. De acuerdo con lo indicado por Jaramillo entrevistada por W Radio Colombia, la investigación sigue activa y las autoridades no descartan futuras capturas relacionadas, lo que podría evidenciar la existencia de una red de complicidades más amplia de la inicialmente considerada.
Estos desarrollos han generado una mayor presión sobre los mecanismos de cooperación internacional, intensificando la colaboración entre las agencias de seguridad de ambos países.
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