La magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá cobijó con medidas de aseguramiento en centro carcelario al exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla y al exministro del Interior Luis Fernando Velasco por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En el caso de Velasco, su defensa, representada por la abogada Rosa Elena Suárez, presentó un recurso de reposición, solicitando que se revoque la medida de aseguramiento intramural o que, en su defecto, se mantenga una medida de aseguramiento preventiva en el lugar de residencia. La profesional en Derecho aseguró que la providencia incurrió en errores sustanciales de valoración jurídica y probatoria.
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“La medida de aseguramiento es innecesaria y desproporcionada. En un estado social y democrático de derecho, la detención preventiva no puede convertirse en mecanismo automático, general y menos ejemplarizante, su imposición exige una justificación rigurosa”, detalló.
La solicitud de la defensa de Velasco
La abogada indicó que la decisión tomada por la magistrada del tribunal afecta el derecho a la presunción de inocencia del que debe gozar Luis Fernando Velasco y cualquier otro procesado hasta que exista una sentencia condenatoria en firme. En ese sentido, a su juicio, el ex jefe de la cartera estaría siendo sancionado antes de tiempo.
“La imposición de una medida, peor aún, la más gravosa, cuando carece de fundamento jurídico, convierte la cautela en una sanción anticipada, es incompatible con la presunción de inocencia y con el carácter excepcional de la detención preventiva y constitucional de derecho”, explicó.
Así las cosas, anticipándose a un posible rechazo del recurso, solicitó que el exministro del Interior pueda permanecer privado de la libertad en un espacio intramural, pero que no sea precisamente un centro carcelario establecido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
“En atención a las circunstancias personales, institucionales, de seguridad del imputado, esta defensa le solicita respetuosamente que, en caso de disponerse cualquier medida privativa de la libertad, se ordene su cumplimiento por parte del doctor Luis Fernando Velasco en una guarnición militar”, precisó.
La defensora apeló a la condición de exfuncionario de Velasco y a los posibles riesgos que correría en un penal para sustentar su petición. Resaltó que, además de haber sido el titular de una de las carteras más importantes del Estado, fue presidente del Congreso de la República, por lo que estaría expuesto a “riesgos objetivos diferenciados”.
Los delitos por los cuales Velasco y Bonilla están siendo investigados
El Tribunal Superior de Bogotá decretó la medida de aseguramiento para ambos exfuncionarios del Gobierno nacional, indicando que deberán permanecer privados de la libertad mientras se les investiga por los delitos de concierto para delinquir, como determinadores en el punible de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y como coautores del ilícito de cohecho por dar u ofrecer.
Sobre los exministros pesan señalamientos de haber liderado, promovido y dirigido una organización criminal que salpicó a la Ungrd y al Congreso de la República, con el fin de “aceitar” contratos para legisladores. Presuntamente, el objetivo con la entrega de estas coimas era garantizar que los congresistas impulsaran las reformas sociales del Gobierno nacional en el Legislativo.
A partir de sus directrices, se direccionaron varios contratos y órdenes de proveeduría de la Unidad y se desviaron recursos públicos, que fueron a parar a manos de los congresistas y algunos contratistas. Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, confesaron su participación en los hechos, confirmaron que se beneficiaron económicamente del entramado y enlodaron a los altos funcionarios de la administración.