Un día después de que la colombiana Zulma Guzmán, señalada como principal sospechosa de envenenar a tres menores en Bogotá en abril de 2025, que derivó en la muerte de dos de ellas, se conocen nuevos detalles del proceso judicial que adelanta la mujer de 50 años en el Reino Unido.
De hecho, las autoridades británicas consideran la posible deportación y no la extradición de Guzmán, detenida en Londres tras ser rescatada por la Policía en un aparente intento de suicidio en el río Támesis, el pasado miércoles.
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Según información conocida en la mañana del jueves 18 de diciembre por El Tiempo, la evaluación sobre su destino jurídico permanece en análisis, mientras Guzmán permanece bajo custodia y en observación, conforme a lo dispuesto por la ley británica.
Fuentes consultadas por el medio confirmaron que Guzmán se mantiene consciente y en buen estado de salud, aunque la hipótesis de un posible intento de suicidio por parte de la colombiana obligaría a la justicia de Londres a tratarla conforme lo ordena la ley de salud mental.
Este mismo contacto detalló que la aplicación de la mencionada legislación británica responde a la intervención de emergencia que realizaron equipos de rescate luego de detectar, a las 06:45 a. m. del martes 16 de diciembre, a una mujer en apuros en el puente de Battersea.
El operativo, que incluyó a la Unidad de Policía Marítima de la Policía Metropolitana, permitió trasladarla en cuestión de minutos al hospital St George’s University Hospitals, donde presentó “algunas heridas propias del rescate, que no ponían en peligro su vida”, de acuerdo con el informe policial.
Mientras tanto, tanto familiares como representantes legales aún no han acudido al hospital donde la colombiana permanece custodiada.
“No se ha registrado el abogado al que tiene derecho ni ha solicitado apoyo consular”, señaló una fuente cercana al proceso al diario. Una decisión respecto a su situación procesal dependerá de la evaluación migratoria, que podría derivar en la remisión forzosa a Colombia conforme a los procedimientos internacionales vigentes.
El contexto de la detención se aceleró notablemente gracias a la rápida coordinación de Interpol Colombia, que en tiempo récord compartió a sus homólogos londinenses la analítica migratoria y las huellas dactilares de Guzmán, junto con información proveniente de la Fiscalía colombiana sobre los niveles de peligrosidad que se le atribuyen.
En cuanto a los plazos, las fuentes advirtieron a El Tiempo que los procedimientos de deportación o extradición en el Reino Unido suelen extenderse entre ocho meses y un año, dado el carácter “soberano” que asume el país en este tipo de decisiones.
Al momento del operativo, la Policía británica contaba ya con antecedentes e información sobre Guzmán, quien había ingresado en el Reino Unido más de un mes antes.
Además, al inicio de la semana de su detención, un juzgado de Westminster disponía de los elementos necesarios para emitir una orden de arresto en su contra, bajo el cargo de presunto envenenamiento de dos niñas de 13 y 14 años, ocurrido en abril, con frambuesas impregnadas con talio.
Apenas se conoció de la retención de la empresaria, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, aseguró que el Gobierno nacional fue informado por las autoridades británicas, además de entregar detalles del estado inicial de la hoy señalada de asesinato.
“La señora se encuentra en un hospital en este momento y no ha sido capturada. Según las leyes británicas, se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen. Una vez pase eso, será puesta a disposición de las autoridades”, precisó la también excanciller a El Tiempo.