El plazo para que sindicatos, empresarios y el Gobierno nacional alcancen un acuerdo salarial sobre el aumento del salario mínimo 2026 en Colombia vence este lunes 15 de diciembre.
Si no se logra consenso en la mesa de concertación, la legislación faculta al Ejecutivo para fijar el nuevo salario mínimo por decreto antes del 30 de diciembre, un escenario que ya se ha presentado en los dos años anteriores y que genera inquietud entre los actores sociales y económicos.
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La posibilidad de una decisión unilateral por parte del Gobierno ha elevado la tensión en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. La falta de acuerdo no solo implica que el porcentaje de incremento se determine sin el aval de sindicatos y empresarios, sino que también puede profundizar la polarización entre estos sectores.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha destacado que “el Presidente tiene la potestad legal de decretar el aumento si no hay acuerdo”, aunque insiste en que la concertación sigue siendo el objetivo principal.
Las consecuencias de una definición por decreto van más allá del procedimiento formal. La ausencia de consenso podría generar reacciones políticas y económicas, así como un distanciamiento mayor entre las organizaciones sindicales y el sector productivo.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha manifestado que este año “no habrá ni la más mínima posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el aumento del mínimo”, señalando la falta de propuestas empresariales en la mesa. Por su parte, los gremios empresariales han advertido sobre los riesgos de incrementos que no estén respaldados por la productividad o la capacidad de pago de las empresas.
En cuanto a las propuestas, la distancia entre las partes es considerable. Las centrales obreras mantienen una exigencia de aumento del 16%, mientras que los empresarios han planteado un ajuste del 7,21%. Ambas partes han reiterado su disposición al diálogo, pero se mantienen firmes en sus posiciones.
El Gobierno, que aún no ha presentado oficialmente su propuesta, podría inclinarse por un punto intermedio, aunque cualquier cifra cercana o superior al 10% es vista con recelo por el sector privado, que considera que “la inflación es del 5,3%, si se subiera al 10% estaríamos hablando del doble de la inflación”, según María Elena Ospina, presidenta de Acopi.
El proceso de negociación salarial Colombia contempla varias etapas. Si no se alcanza un acuerdo el 15 de diciembre, entre el 16 y el 18 de diciembre, cada sector deberá presentar por escrito sus salvedades, es decir, los argumentos técnicos y económicos que respaldan sus posiciones y explican las razones del desacuerdo.
La Comisión analizará estos documentos el 18 de diciembre, antes de entrar en la fase final de la negociación, que se desarrollará en sesiones extraordinarias entre el 19 y el 29 de diciembre. El 30 de diciembre es la fecha límite para que el Gobierno tome una decisión definitiva si persiste la falta de consenso.
Expertos en economía y política laboral han advertido sobre los riesgos de un aumento definido sin concertación. Un grupo de 115 especialistas ha llamado a una negociación “responsable y basada en criterios técnicos”, alertando que incrementos por encima de la inflación y la productividad pueden traducirse en mayor informalidad y presiones inflacionarias, afectando especialmente a los trabajadores de menores ingresos. Además, un ajuste elevado podría incidir en las tasas de interés del Banco de la República, que actualmente se sitúan en 9,25%, y prolongar el estancamiento en la política monetaria.
El contexto de años anteriores muestra que el Gobierno ha decretado aumentos del 16% en 2023, 12% en 2024 y 9,54% en 2025, argumentando que estas decisiones no han disparado el costo de vida, sino que han fortalecido el poder adquisitivo de los asalariados.
Sin embargo, la brecha entre quienes ganan el salario mínimo y quienes perciben menos sigue siendo amplia: 2,4 millones de colombianos devengan el mínimo, 11,3 millones reciben menos y más de 13 millones se encuentran en la informalidad, según datos de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Cualquier decisión unilateral, advierte Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, “tendrá un impacto” en este amplio segmento de la población.
A pesar de las diferencias y la incertidumbre, los gremios empresariales han reiterado su disposición a buscar una concertación hasta el último momento, con la expectativa de que la mesa de diálogo permanezca abierta hasta el 30 de diciembre, fecha definitiva para la definición del salario mínimo de 2026.