Presidente de Asofondos advirtió sobre impacto fiscal que tendría nuevo decreto pensional: “Menos colombianos lograrán pensionarse”

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, advirtió que el nuevo decreto pensional que prepara el Gobierno de Gustavo Petro podría dificultar el acceso a la jubilación para millones de trabajadores en Colombia, especialmente para quienes aspiran a una pensión equivalente al salario mínimo.

Según Velasco, la medida responde a motivos fiscales, pero su impacto podría extenderse durante una década o más, comprometiendo la posibilidad de pensionarse bajo reglas claras y estables.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Velasco subrayó que el borrador del decreto, revelado el 11 de noviembre, busca reducir el giro estatal que actualmente compensa a las aseguradoras por los incrementos discrecionales del salario mínimo.

De acuerdo con datos de Asofondos, esta reducción obligaría a los trabajadores a ahorrar sumas mucho mayores para acceder a una jubilación.

El dirigente gremial precisó en declaraciones a La W: “Si una persona antes podía pensionarse con un salario mínimo, habiendo acumulado $350 millones en su cuenta de ahorro individual, ahora va a tener que acumular $100 millones más y eso le va a tomar diez años más de cotizaciones”.

El presidente de Asofondos explicó que la mayoría de las pensiones en Colombia —alrededor del 85%— corresponden a un salario mínimo.

En el régimen de ahorro individual, los trabajadores acumulan un fondo durante su vida laboral y, al llegar a la edad de retiro, contratan una pensión con una aseguradora.

Hasta ahora, el sistema garantiza que el crecimiento de las pensiones iguale el del salario mínimo, cubriendo inflación, productividad y cualquier incremento adicional decidido políticamente.

Velasco detalló: “Las aseguradoras garantizan el componente inflacionario y de productividad, pero todo lo demás que se incluye de forma discrecional, el Gobierno nacional lo compensa mediante un giro a las aseguradoras”.

El impacto del decreto, según la perspectiva de Asofondos, no solo recaería en quienes buscan una pensión mínima. Aquellos que cotizan por encima de ese umbral también verían reducidas sus prestaciones.

Andrés Velasco afirmó: “El efecto sobre ellos no va a ser que va a haber menos de esos pensionados, sino que sus pensiones van a ser más bajas. Van a ser, en nuestros cálculos, un 20% más bajas”.

El presidente de Asofondos atribuyó la decisión del Gobierno a la presión fiscal generada por el aumento del salario mínimo, que ha superado la inflación y la productividad.

El dirigente expuso: “En 2025, la transferencia fue cercana a los $900 mil millones, casi un billón de pesos”.

Advirtió que, al dejar de girar estos recursos, podrían surgir nuevos problemas fiscales, como el desfinanciamiento del seguro previsional, que cubre los riesgos de incapacidad o fallecimiento de los afiliados y se financia con primas anuales. Según Velasco, con la nueva medida, estas primas podrían volverse “impagables por el sistema pensional”.

Sobre las motivaciones del Ejecutivo, Velasco manifestó: “No entendemos cuál sería otra motivación distinta a la fiscal”. Invitó a las autoridades a realizar análisis técnicos conjuntos para medir el impacto real de la medida y alertó: “Por solucionar un problema de corto plazo fiscal, podemos echar por la borda una década o más de posibilidad de los colombianos de pensionarse con reglas de juego claras”.

El presidente de Asofondos dejó abierta la opción de acudir a instancias judiciales. Sostuvo que los derechos de la seguridad social no deben retrotraerse y que, bajo ese argumento, se evalúan alternativas legales.

Velasco concluyó que los colombianos actualmente pueden pensionarse bajo ciertas condiciones, pero con el proyecto de decreto, esas condiciones serían menos favorables para todos, especialmente para la Nación.

Estas declaraciones se producen mientras se espera el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. El sector privado ha instado al Gobierno a mantener el diálogo técnico antes de expedir medidas que, en sus palabras, “pueden desfinanciar el sistema y afectar a millones de trabajadores”.