La Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía Nacional, propinó un golpe relevante a las operaciones ilegales del Clan del Golfo, al detener a tres presuntas personas señaladas de articular mecanismos para el blanqueo de capitales dentro de la estructura financiera de la organización.
De acuerdo con el boletín de prensa de la Fiscalía General de la Nación, el trabajo coordinado entre la Delegada para las Finanzas Criminales, la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol permitió afectar la red que manejaba recursos obtenidos mediante el envío de estupefacientes a Estados Unidos desde las costas de Urabá, Santa Marta y Cartagena.
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La investigación estableció que los miembros de la red enviaban clorhidrato de cocaína oculto en contenedores con frutos secos y bananos, además de remitirse drogas por medio de lanchas rápidas tipo gofast que transitaban por países de Centroamérica antes de arribar a su destino final, Estados Unidos, según el boletín mencionado.
El análisis judicial reveló el uso de sociedades ficticias ligadas a sectores como logística portuaria, principalmente la producción de estibas para transportar banano, la hotelería y el sector inmobiliario.
Estos mecanismos dieron una apariencia de legalidad a cerca de 53.000 millones de pesos, fondos que ingresaron al sistema financiero, camuflando su naturaleza ilícita.
Uno de los señalados líderes es Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, conocido como alias Cholo Banano, que habría sido el principal articulador del esquema ilegal y uno de los mayores responsables del financiamiento del Clan del Golfo desde 2011.
Fuentes Gulfo permanece actualmente bajo custodia en la penitenciaría de máxima seguridad La Picota en Bogotá y espera la definición de su extradición.
Durante varias diligencias de registro en Apartadó, Antioquia, fueron detenidos tres presuntos colaboradores de alias Cholo Banano.
La Fiscalía destacó que se recolectaron documentos que demuestran pagos de nómina, distribución de recursos ilícitos entre los participantes del modelo de lavado y evidencia documental sobre inversiones en bienes raíces destinadas a ocultar el origen de los fondos derivados del narcotráfico.
Los investigados son Martha Elena Santacruz Palacios, alias La Contadora; Luis Fernando Díaz Roldan, alias Pollo; y Juan Carlos Herrera Rodríguez, alias Juanca.
Santacruz Palacios, especialista en temas contables, habría facilitado la creación de sociedades, administrando fondos provenientes del blanqueo e invertido en el ámbito inmobiliario, implementando una doble contabilidad que permitía el manejo tanto de sociedades como de nóminas internas.
Por su parte, Díaz Roldan está vinculado a la inversión de aproximadamente 70 bienes y dos empresas con fondos del narcotráfico.
Según las pruebas recogidas, dichos activos eran arrendados sin contratos formales y el pago se realizaba mediante dinero en efectivo por montos inferiores a los precios reales del mercado, con el objetivo de evitar rastreos del flujo financiero ilícito.
La función de Herrera Rodríguez se habría centrado en coordinar la logística y los traslados de sumas significativas de dinero en efectivo por la región de Urabá, apoyando el sostenimiento operativo del entramado económico del Clan del Golfo.
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los tres capturados los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Posteriormente, un juez penal de control de garantías dispuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad para los indiciados, según la Fiscalía General de la Nación.
Extinción de dominio a bienes por 70.000 millones de pesos
En un trabajo articulado, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio ordenaron medidas cautelares que incluyeron la suspensión de poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 99 inmuebles, nueve sociedades, cuatro vehículos y fondos ubicados en dos productos financieros.
El conjunto de bienes afectados asciende preliminarmente a un valor de 70.000 millones de pesos, lo que constituye una afectación considerable a la estructura patrimonial del Clan del Golfo, señaló la Fiscalía General de la Nación.