La negociación del aumento del salario mínimo 2026 en Colombia tomó un giro inédito con la introducción de un nuevo concepto en la mesa de concertación. La propuesta, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, encendió el debate sobre el futuro del ingreso básico de cerca de cinco millones de trabajadores formales y el impacto que tendrá en más de 20 millones de colombianos.
La segunda semana de diciembre de 2025 marca el inicio de una negociación salarial caracterizada por la polarización y la incertidumbre. El Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, puso sobre la mesa el “salario digno” como un nuevo parámetro moral, inspirado en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que alcanzaría los $3.000.000. El enfoque, de corte más ético y social que técnico, busca redefinir el horizonte del bienestar laboral, aunque carece de soporte metodológico y no figura como indicador oficial en la ley vigente.
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Mientras tanto, los gremios empresariales —Andi, Fenalco y Acopi— insisten en mantener la fórmula tradicional basada en la suma de inflación y productividad, los dos indicadores que a través de la historia guiaron la concertación. La tensión se hizo palpable. Por ejemplo, Fenalco se retiró de manera temporal de la mesa tras considerar que el Ejecutivo anticipó el alza del 11% sin consenso técnico.
Así las cosas, el debate se desplazó del porcentaje de incremento al impacto real en la economía doméstica y empresarial.
Un informe de la firma de servicios profesionales Crowe Co advierte que la verdadera consecuencia de este cambio radica, además del porcentaje de aumento, en el efecto dominó financiero que podría afectar la liquidez de hogares y pequeñas y medianas empresas (pymes), al provocar incrementos automáticos en decenas de cobros y servicios esenciales. Según el estudio, más de 30 cobros y hasta 60 bienes y servicios verían sus tarifas ajustadas automáticamente desde enero de 2026, debido a su indexación al salario mínimo legal vigente (smlv).
Efecto dominó financiero
Al respecto, el socio BPO de Crowe Co Guillermo Berrio, autor del informe, resaltó que “más allá del aumento final o del ideal del ingreso digno, el país se enfrenta a un efecto dominó financiero que impactaría simultáneamente a las familias y al tejido empresarial”. El análisis recalca que el verdadero pulso de la negociación se medirá por la liquidez disponible, no solo por el porcentaje de incremento acordado.
Y es que el panorama económico presenta cifras que alimentan la controversia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual a octubre se ubicó en 5,51 %. Sin embargo, los rubros más sensibles para los hogares, como restaurantes (7,61%), educación (7,34%) y salud (6,50 %), superan ampliamente el promedio general.
En cuanto a la productividad, la Productividad Total de los Factores (PTF) creció 0,91% en el tercer trimestre, mientras que la productividad laboral registró una caída de –0,32 %. Las cifras sitúan el rango técnico de aumento del salario mínimo entre 6% y 7%, de acuerdo con estimaciones de Fedesarrollo.
Recálculos automáticos
No obstante, el Gobierno propone un ajuste del 11 % para acercar el salario mínimo al umbral del “ingreso digno”, una cifra que supera el cálculo técnico de aumento, estimado en 8,94 % (resultado de la suma de inflación y productividad). Ante esto, el informe detalla que el aumento del salario mínimo en 2026 activará al menos 30 recálculos automáticos que afectarán de manera directa la liquidez de familias, contratistas, comercios y pymes.
Entre los rubros más afectados se encuentran:
- Aportes de trabajadores independientes a salud y pensión.
- Arriendos.
- Cuotas judiciales.
- Pensiones escolares.
- Comparendos.
- Servicios personales.
Cómo serán los nuevos costos
El documento ejemplifica: “Quien hoy aporta $100.000 deberá prever un desembolso cercano a $108.940, incluso si sus ingresos no crecen en la misma proporción”. Además, una cuota judicial equivalente a un salario mínimo pasará de $1.423.500 a $1.550.800, lo que representa un alza mensual de $127.300. Un compromiso de dos salarios mínimos alcanzará los $3.101.600, con $254.600 adicionales por beneficiario.
Para las pymes, el costo laboral total por trabajador —incluyendo salario, prestaciones y recargos— aumentará entre 8,5% y 9,3%, dependiendo del sector.
Actividades con alta empleabilidad como comercio, vigilancia, restaurantes y construcción enfrentarán una presión adicional, en especial, tras la reducción de la jornada laboral a 44 horas, que elevó la hora ordinaria a $6.189 y dejó escaso margen para absorber nuevos costos sin afectar utilidades o plantilla.
Difícil panorama para controlar la inflación
El informe advierte que a mayor indexación de cobros y servicios al salario mínimo, más difícil será controlar la inflación de servicios en el primer trimestre de 2026. Analistas de Anif y Fedesarrollo coinciden en que un aumento elevado del salario mínimo puede impulsar el consumo a corto plazo, pero también encarecer bienes y fomentar la informalidad si no se acompaña de mejoras reales en la productividad.
De esta manera, el desafío reside en el porcentaje de incremento salarial, así como en la capacidad de los hogares para soportar el ajuste generalizado de pagos y servicios que se derivará del nuevo mínimo legal. La resistencia de la economía doméstica será puesta a prueba cuando la cascada de aumentos alcance todos los rincones del gasto familiar y empresarial.