Las negociaciones de paz promovidas por el Gobierno de Gustavo Petro en el departamento de Putumayo están siendo utilizadas por grupos armados ilegales para fortalecer su control territorial y profundizar los abusos contra la población civil.
Así lo dio a conocer Human Rights Watch (HRW), en un informe publicado el 5 de diciembre de 2025, en la que advirtieron que, mientras las negociaciones oficiales se concentran en la reducción de cultivos de coca, las disidencias de las Farc han intensificado los abusos contra comunidades indígenas y habitantes del departamento colombiano, una región fronteriza con Perú y Ecuador que ocupa el segundo lugar en producción de este estupefaciente en el país, solo superada por Nariño.
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“Aunque en algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, Comandos de la Frontera, y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez (disidencias de las Farc de alias Calarcá) siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona”, se lee en el documento.
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Además, la organización hizo énfasis en una visita realizada en septiembre de 2025, en la que recopiló los testimonios de víctimas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y funcionarios gubernamentales que solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias.
Violencia contra comunidades
Según el informe, los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado a menores, confinado a la población y aplicado castigos como multas y trabajos forzados.
Además, obligan a las comunidades a participar en reuniones vinculadas a las negociaciones de paz, asistir a eventos sociales y sumarse a protestas en defensa de los intereses de los grupos, mientras prohíben manifestaciones contra empresas petroleras en ciertas zonas.
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Igualmente, las autoridades indígenas y los trabajadores humanitarios denunciaron que los grupos armados obligan a la población a plantar coca y vendérsela, incluso cuando existen acuerdos con el Gobierno para sustituir estos cultivos.
Uno de los casos mencionados por la organización internacional fue el asesinato de Jhon Fredy Rico, miembro de una Junta de Acción Comunal en Puerto Guzmán, ocurrido el 7 de septiembre de 2025, presuntamente en represalia por su participación en actividades vinculadas a las conversaciones de paz.
Además, los líderes informaron a HRW que los residentes fueron forzados a salir a las calles para apoyar los diálogos de paz con el Cneb y exigir la liberación de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, comandante en jefe de los Comandos de la Frontera, arrestado en Bogotá el 13 de febrero de 2025.
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“Los grupos armados de Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una oportunidad para reforzar su control sobre la población (...) mientras las negociaciones de paz se centran en la reducción de los cultivos de coca, los grupos armados imponen sus propias reglas en Putumayo y castigan severamente a quienes las desobedecen”, indicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
El departamento de Putumayo es estratégico para la producción y tráfico de drogas, así como para la minería ilegal. Del mismo modo, la región registra la segunda mayor producción de hoja de coca en Colombia, solo superado por el vecino departamento de Nariño.
Mesas de diálogos
Actualmente, dos de los tres grupos armados que operan en la región mantienen negociaciones de paz con el Gobierno Petro: los Comandos de la Frontera, parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), que actúan principalmente en el sur, y el Frente Raúl Reyes, integrante del Embf (disidencias de alias Calarcá), con presencia en el norte. El Frente Carolina Ramírez, vinculado al Estado Mayor Central (EMC), opera en el oriente y estuvo en diálogos de paz entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero ya no participa en las negociaciones.
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En este sentido, Human Rights Watch hizo un llamado al Gobierno Petro para que se implementen medidas para garantizar el bienestar y la seguridad de las comunidades indígenas del Putumayo.
“El Gobierno debe abordar urgentemente la situación de Putumayo e implementar una estrategia sólida de justicia y seguridad para proteger a la población, en particular a los pueblos indígenas”, puntualizó Juanita Goebertus.