Continúa el debate sobre la subida del salario mínimo para el 2026, en la que varios sectores económicos han advertido un impacto en la política monetaria colombiana.
Uno de ellos fue Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en la que hizo referencia a la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de que dicho aumento supere la tasa de inflación, recordando que fue la fórmula aplicada para la negociación del 2024 para el salario del 2025.
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Durante su intervención en un foro realizado por Corficolombiana, el ejecutivo señaló que, de repetirse una medida de esta magnitud, la junta del Banco de la República enfrentaría mayores obstáculos para avanzar en la reducción de las tasas de interés dentro del marco de la política monetaria, aspecto por el que ha sido constantemente cuestionado por el presidente Gustavo Petro.
“El anuncio de un ajuste en el salario mínimo, más allá de las consideraciones que puedan existir sobre la conveniencia de aumentarlo mucho o poco, representó un incremento muy fuerte frente a la inflación vigente y a la meta del Banco (...) (si se llega a subir el salario mínimo en dos dígitos) sería más difícil y costoso bajar las tasas de interés”, expresó Villar.
A su vez, Villar afirmó que, aunque no se discuten los beneficios que un mayor ingreso representa para los trabajadores, existen riesgos macroeconómicos que no pueden ser ignorados.
“Con una inflación de 5,2% y una meta de 3%, el alza total equivalió al 11%, dado que al aumento del 9,5% se sumó el del subsidio de transporte, lo que elevó el costo de contratar a un trabajador en salario mínimo hasta ese 11%, replicando incrementos similares de años anteriores”, agregó.
En palabras del directivo, “Colombia va para el sexto año sin cumplir meta de inflación”, que consta del 3%, lo que evidencia la persistencia de presiones inflacionarias y la dificultad de alinear los salarios con la productividad y el crecimiento económico.
Pronósticos errados
Frente a este tema en particular, el gerente del Banco de la República reconoció que, aunque la confianza de largo plazo se mantiene, la inflación actual se sitúa en 5,5%, la cifra más alta entre los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), donde el país sudamericano solo es superado por Turquía.
Además, Villar aseveró que las expectativas para 2025 se han deteriorado, al considerar que ya no se proyecta una inflación de 3,7%, sino un rango entre 5,1% y 5,3%, y para 2026 el consenso ronda el 4,4%, respectivamente.
Para Leonardo Villar, el deterioro fiscal ha sido otro factor determinante. En su análisis, resalta que hacia finales de 2024, se esperaba que el déficit fiscal cerrara en 5,6% del PIB, un nivel alto pero compatible con la regla fiscal. Sin embargo, los datos posteriores revelaron un desbalance mayor.
“Tuvimos un déficit que superaba ampliamente el 5,6%, lo que coincidió con crecientes dudas sobre el panorama de 2025 y con debates internos en el Gobierno sobre el manejo del gasto”, expresó el directivo.
Adicional a ello, el gerente de la banca mencionó la suspensión de la regla fiscal durante tres años que, para él, “generó incertidumbre en los mercados, provocando una reducción de la confianza, la baja en la calificación de la deuda y un aumento en los spreads de Colombia”, lo que distanció el riesgo país respecto al resto de la región.
Llamado de exministros a la Mesa de Concertación
Las declaraciones del gerente del Banco de la República se suman a las voces de alerta dadas por exministros, gremios, empresarios y economistas dirigida a la Mesa de Concertación del Salario Mínimo.
En una carta, subrayaron la necesidad de que la negociación se base en criterios técnicos y en la realidad económica del país, advirtiendo que decisiones alejadas de la inflación y la productividad tendrían consecuencias negativas para la equidad y la sostenibilidad social.
Entre los puntos destacados en la misiva, los firmantes señalaron que “aumentos del salario mínimo por encima de inflación y productividad generan los efectos contrarios: mayor informalidad y presiones a los precios afectando en mayor medida a la población de menores ingresos”.
Además, recordaron que el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 proyectó un incremento del salario mínimo de 7,1%, y advirtieron que “cada punto porcentual adicional le costará a los contribuyentes y a la Nación cerca de $240.000 millones en pensiones, según Anif, y alrededor de $600.000 millones en gasto total no financiado”.
La carta fue firmada por 115 líderes gremiales, exministros y economistas como José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria, Germán Arce, Rudolf Hommes, Gloria María Borrero y Federico Renjifo, así como por Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, y Rafael Orduz, directivo de gremios del sector cooperativo