Disidencias de ‘Calarcá’ negaron que hubieran infiltrado a la fuerza pública: “Nunca seremos aliados ni haremos pactos”

El grupo guerrillero asegura que defiende el proceso de paz y cuestiona la cobertura de medios de comunicación por destapar el escándalo de la supuesta infiltración de las entidades del Estado

La organización insurgente niega vínculos con fuerzas estatales y acusa a medios de desinformar, reiterando su compromiso con la negociación y la búsqueda de justicia social en Colombia - crédito Redes Sociales / X

Las disidencias de las Farc-EP difundieron un comunicado en el que rechazan las acusaciones de infiltración y presuntos vínculos con altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro.

En su mensaje, la organización defiende la legitimidad del proceso de paz y cuestiona la cobertura de los medios, en particular la de Caracol Televisión, en un contexto de creciente polarización política y ante la cercanía de las elecciones de 2026.

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“Las Farc-EP somos una organización político-militar que siempre ha buscado por medios civilizados la salida al conflicto social y político que afecta a nuestro país hace más de seis décadas”, afirmaron los líderes de los bloques Magdalena Medio y Comando Conjunto del Sur.

En su declaración, señalaron que a lo largo de su historia han enfrentado “métodos de guerra sucia, campañas de desprestigio y desinformación”, y acusaron a sus adversarios políticos de aprovechar la falta de inversión en educación para manipular a la opinión pública.

“Nuestra moral es y será siempre intangible. Los guerrilleros farianos, hijos de Manuel, seremos fieles a su legado. Jamás traicionaremos los sueños de millones de colombianos que creen fielmente en nosotros”, sostuvieron, reafirmando su compromiso con la construcción de paz y justicia social.

La guerrilla asegura que no pactará con fuerzas oficiales y denuncia intentos de deslegitimar su participación en los diálogos, insistiendo en la necesidad de reconciliación nacional y justicia social - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

La crítica a los medios de comunicación ocupó un lugar central en el comunicado. “Ahora, los moralistas y patriotas periodistas de Caracol Televisión, con el apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Interpol... de la Policía Nacional de Colombia, pretende frenar los avances... del proceso de paz, argumentando que lo estamos utilizando para fortalecernos”, señalaron, aludiendo a recientes reportajes que los vinculan con funcionarios del gobierno.

Los comandantes recordaron que su desarrollo y crecimiento se produjo durante el gobierno anterior, y no como resultado de las actuales negociaciones.

En otro pasaje, la organización denunció intentos de sabotaje al proceso de paz: “Quieren hacer retroceder los avances significativos y hechos de paz presentados en el VII Ciclo de la Mesa de Diálogos”.

Cuestionaron la postura de algunos periodistas y sugirieron que, si tanto defienden la guerra, deberían “ponerse las botas, el camuflado y terciarse al fusil e ir al campo de batalla”.

Además, advirtieron sobre el impacto de la desinformación: “La información errónea, desinformación y los discursos de odio a las poblaciones afectadas por los conflictos son violatorios del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, ese tipo de falsedades nos hace un actor del conflicto armado”.

La familia Santo Domingo, propietaria de uno de los principales medios de comunicación del país, también fue mencionada en el comunicado. “Aunque la justicia social y ambiental molesta mucho a la familia Santo Domingo, dueña del medio de comunicación que se presta a dar información rastrera de cara a las elecciones del 2026, en tiempos de elecciones salen los defensores de la patria, los que tienen la solución a todos los problemas que enfrenta el país”, expresaron, criticando la cobertura mediática y la instrumentalización política de la información en el contexto electoral.

La reciente declaración de las FARC-EP reaviva el debate sobre la legitimidad de los actores en la mesa de diálogo y la influencia de la opinión pública en la construcción de la paz en Colombia - crédito captura de pantalla / X

En cuanto a las acusaciones de nexos con la fuerza pública, la organización fue tajante: “Como Farc-EP, manifestamos nuestro rechazo total a las acusaciones de los azuzadores de la guerra, como revolucionarios, nunca hemos tenido acercamiento con miembros de la fuerza pública, llámese policía, ejército o centros de inteligencia. Nunca seremos aliados ni haremos pactos con quien nos ha perseguido toda la vida por nosotros defender los derechos de las inmensas mayorías excluidas y olvidadas de la patria”.

Precisaron que su único contacto con la fuerza pública se limita a los observadores militares y policiales en la mesa de diálogos de paz, donde, según su versión, cada parte defiende sus posiciones como interlocutores.

El comunicado finalizó reiterando la voluntad de las Farc-EP de persistir en la búsqueda de una solución negociada al conflicto y de aportar a la construcción de un país basado en el entendimiento y el esfuerzo colectivo.

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