La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) volvió a encender las alarmas frente a la reorganización del sistema de salud impulsada por el Ministerio de Salud, advirtiendo que más de tres millones de colombianos podrían perder su derecho a la libre elección de su Entidad Promotora de Salud (EPS).
La preocupación de la entidad surge por una resolución de la cartera de Salud y Protección Social que establece las nuevas condiciones de habilitación de las EPS y determina las reglas para la reasignación de los afiliados dentro del modelo preventivo, predictivo y resolutivo que impulsa el Gobierno nacional a través de la reforma a la salud.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Ana María Vesga, presidenta de Acemi, explicó que la medida representa un cambio sustancial en el derecho que tienen los usuarios de escoger la entidad que administra su aseguramiento. Según indicó, millones de personas que en su momento eligieron una EPS serían ahora reasignadas automáticamente a otra entidad de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ejecutivo.
Vesga señaló que esta intervención implica un rediseño completo de la manera como se asignan los usuarios en el sistema, lo que afectará la continuidad de los servicios que actualmente reciben y pondrá en riesgo la atención que algunos pacientes requieren con urgencia.
“Pierden la elección que hicieron en ese momento de una EPS y ahora son asignados a otra EPS en el territorio. No sabemos si esa EPS que los recibe los atenderá con continuidad, con calidad y si ese cambio es para mejorar. Pero sobre todo representa el riesgo de interrupción de tratamientos, el riesgo de interrupción en la atención de la población y la fragmentación estructural del sistema”, indicó Vesga en declaraciones recogidas por Caracol Radio.
Con la reasignación de los usuarios, el Gobierno definirá directamente cuáles EPS podrán operar en cada territorio, con base en criterios relacionados con el tamaño y características propias de cada región. Por ello, la presidenta de Acemi explicó que esto significa que el Estado asumirá el control completo de la oferta de EPS en los distintos municipios y departamentos.
En este sentido, los habitantes de regiones apartadas solo podrán ser atendidos por dos o tres entidades habilitadas, mientras que en las grandes ciudades la oferta podría extenderse a cinco o más EPS, dependiendo de la capacidad operativa que determine el ministerio.
En la misma línea, Vesga alertó que la resolución del Gobierno nacional limita la capacidad de los usuarios para decidir sobre su EPS, ya que el traslado quedará atado únicamente a las opciones disponibles en su territorio. En la práctica, esto implica que una persona que sea reasignada por motivos de reorganización no podrá regresar a su aseguradora anterior, debido a que esta podría dejar de operar en el territorio donde reside.
“Lo cierto es que la oferta la decide el Estado, y esa es la única posibilidad que tiene el usuario de moverse a través del sistema”, sentenció la dirigente gremial.
Por otro lado, la dirigente, en nombre del gremio de empresas de la salud, expresó inquietud frente a la ausencia de información sobre el avance de las mesas técnicas relativas a la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el Estado reconoce por cada afiliado a las EPS.
Según Vesga, estas mesas culminaron en septiembre de 2025, pero hasta el momento no se conocen los resultados ni los valores que regirán la nueva etapa del sistema, lo que resulta preocupante por cuenta de que, según recordó, el 2 de octubre venció el plazo legal establecido para que el Ministerio de Salud entregara el informe respectivo.
Frente a esto, la dirigente gremial aseguró que Acemi ya alertó a la Corte Constitucional sobre este incumplimiento y la falta de claridad del Gobierno frente a los recursos con los que se financiará el modelo preventivo.