A través de sus redes sociales, el precandidato presidencial Santiago Botero confirmó que ya cuenta con el umbral de firmas para inscribir su candidatura.
Según Botero, ya llevan un millón de firmas recolectadas, pero que esperan seguir consiguiendo más para ser presentadas ante la Registraduría Nacional.
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“Socios ya llevamos más de 1 millón de firmas y seguimos sumando!! Los tenemos asustados porque seguimos siendo No. 1″, indicó Botero.
En un video, Santiago Botero afirmó que son los primeros en conseguir el número de firmas, enviando un mensaje a los demás aspirantes a la Presidencia de Colombia.
“Somos los primeros en conseguir las firmas para nuestra candidatura. Hoy completamos más de un millón de firmas. Le digo a los políticos, sigan preocupados por el X, que las redes no mienten. Somos el número uno en la calle y en las redes. y ahora en las firma. En el 2026 viene justicia divina a Colombia le guste al que le guste. Balín para los colombiano, justicia para los colombianos”, aseveró Botero.
En otra publicación, el precandidato presidencial y empresario destacó el número de firmas que ha conseguido desde que anunció su precandidatura presidencial.
“Más de un millón de colombianos dijeron si al balín para los bandidos sin contemplación”, aseveró Santiago Botero.
Recientemente, el precandidato sugirió que los funcionarios públicos que incurran en infidelidad sean despedidos. Botero, empresario con más de 35 empresas fundadas, expuso su postura en una entrevista con la emisora Bésame, durante el programa Las inexpertas. Según explicó, asocia la transparencia en la vida privada con la honestidad necesaria en el sector público.
Botero afirmó que quienes trabajen con él no pueden ser infieles. “La gente que va a trabajar conmigo no puede ser infiel (...) Si usted le dice a su pareja que quiere tener una relación abierta, no lo es. La infidelidad es una mentira, rompes una barrera y yo no quiero gente oportunista a mi alrededor”. Propuso incluso convertir la infidelidad en causal de despido mediante una ley para ocupantes de cargos públicos.
Entre las medidas que sugirió para vigilar el cumplimiento de esta norma, mencionó la vigilancia legal de las comunicaciones de los funcionarios. “Todos los teléfonos de los funcionarios públicos van a estar chuzados por ley. Si usted le es infiel a su esposa le voy diciendo ‘se le acabó la chamba’”, afirmó Botero. Durante la entrevista, también reconoció su propio historial: “Desde que me casé por la Iglesia nunca, pero yo fui bandido”.
Botero relató que su historial de infidelidades fue discutido con un médico tras ser diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (Tdah). El médico le explicó que estas conductas estaban ligadas a un sentimiento de vacío.
La llamada “ley para los cachones” no es un tema nuevo en su campaña. El aspirante había presentado esta propuesta durante un evento a inicios de agosto, generando amplio debate en redes sociales. En ese momento, señaló que su intención no se limita al ámbito sentimental, sino que busca instaurar un estándar ético en la administración pública basado en lealtad y transparencia.
Según el precandidato, la vida privada y los valores públicos deben estar bajo un escrutinio estricto en el caso de los servidores públicos. “El que es infiel en mi Gobierno no cabe, porque es un mentiroso”, señaló Botero. Sostuvo que si una persona engaña en lo personal, podría trasladar esa falta de honestidad al ejercicio de sus funciones.
La propuesta provocó reacciones inmediatas en redes sociales. Se discute tanto la viabilidad legal como las implicaciones éticas de vigilar la esfera privada de los servidores públicos. Si bien el candidato no detalló mecanismos jurídicos, insistió en la necesidad de un cambio cultural que promueva la honestidad y la confianza en las instituciones.
Santiago Botero busca una posición como outsider en la política y justifica su paso del sector privado a la esfera pública por una “misión de justicia divina que Dios le encomendó”. Sin antecedentes en partidos políticos ni militancia reconocida, financia su campaña con fondos propios y propone una gestión estatal inspirada en criterios empresariales.
La discusión sobre los límites entre vida privada y función pública continúa abierta. El debate gira en torno a la pertinencia de considerar la fidelidad personal como un factor determinante en la evaluación de candidatos y funcionarios públicos.