La captura de dos militares activos y una mujer que suplantaba a una oficial de Policía Nacional generó alerta en las agencias de seguridad de Colombia.
De acuerdo con información exclusiva obtenida por El Tiempo, los detenidos habrían intentado infiltrarse en unidades estratégicas para obtener datos confidenciales sobre la seguridad y actividades del presidente Gustavo Petro.
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Las operaciones realizadas el 19 de septiembre en Bogotá por equipos de contrainteligencia militar y policial, en alianza con la Fiscalía General de la Nación, permitieron la detención de cuatro personas vinculadas a una investigación por revelación de secreto, concierto para delinquir, fraude procesal y prevaricato por omisión.
Tres arrestos ocurrieron por orden judicial y uno más en flagrancia, este último por delitos relacionados con tráfico y porte de armas y municiones, señaló El Tiempo en un reporte de investigación exclusiva.
Entre los capturados se identifican a Pedronel Jiménez Cárdenas, mayor del Ejército Nacional y hasta hace pocas semanas comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5—unidad que cumplía funciones del tercer anillo de protección de la Presidencia—, junto al suboficial Cristian Padilla Villanueva, también vinculado a operaciones de seguridad militar.
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A ellos se suma Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien habría utilizado documentos y credenciales apócrifas para presentarse como integrante del cuerpo policial bajo el alias de “Stephanie”.
El cuarto detenido apareció durante la misma jornada y enfrenta cargos por posesión ilícita de armamento.
La investigación, emprendida tras alertas de mandos militares emitidas desde mayo, puso el foco sobre la ingesta no autorizada de la falsa oficial a sedes como el Batallón Guardia Presidencial, la Escuela de Caballería y la Dirección de Protección de la Policía Nacional.
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De acuerdo con los hallazgos publicados por el citado medio de comunicación, en estos lugares Salgado Fernández figuró en reuniones operacionales de carácter reservado, donde se discutía información sensible de inteligencia y protocolos de seguridad relacionados con el jefe de Estado.
El seguimiento de la contrainteligencia señaló que, en ocasiones, la falsa oficial lograba acceder a sistemas de seguridad internos, lo que implicó un riesgo elevado para la custodia de información clasificada.
Las diligencias confirmaron además que los oficiales y la mujer sin vínculo real con la Policía accedieron a documentos y coordinaciones de operativos judiciales sin contar con competencia legal para ello.
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Según la Fiscalía, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia.
La alerta inicial sobre la actuación de la falsa funcionaria se derivó de la circulación de correos internos que advirtieron la presencia de una mujer que portaba identificaciones falsas en espacios restringidos del Ejército.
A través de estas maniobras, Salgado Fernández accedió sin inconvenientes a zonas reservadas y compartió reuniones con mandos de alto nivel, describió El Tiempo.
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El registro de detenidos incluye a quien, hasta poco antes de su captura, tenía acceso directo al tercer círculo de seguridad presidencial. Esta cercanía incrementó la preocupación de las autoridades sobre la exposición de información potencialmente crítica para la Casa de Nariño.
La Fiscalía y los equipos de inteligencia siguen analizando si los datos obtenidos llegaron a manos externas y si existen intereses políticos subyacentes en la infiltración.
Otras fuentes informaron a El Tiempo que también se encuentra bajo revisión la posible implicación de un asesor militar, señalado de asistir a encuentros de carácter confidencial haciéndose pasar por uniformado. Las diligencias siguen su curso para esclarecer el alcance de la información comprometida y si la maniobra responde a motivaciones políticas, económicas o de otra naturaleza.
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La Fiscalía General de la Nación precisó que de esta manera quedaron en manos de un civil documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia. Con esta fuga de material, en algunas oportunidades, se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales, y se indujo en error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas.