El reciente anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas desató una ola de reacciones entre precandidatos presidenciales quienes ofrecieron posturas encontradas sobre el significado y las consecuencias de esta decisión inédita en casi tres décadas.
El presidente Gustavo Petro notificó la medida durante una sesión del Consejo de Ministros, noticia confirmada minutos después por el Departamento de Estado de EE. UU. en un comunicado que mencionó a Colombia dentro de una lista de 25 países de tránsito o producción de drogas ilícitas.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Llamado de alerta: Fracaso de la estrategia actual
Para Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial, la medida representa el fracaso del enfoque global contra las drogas. Cepeda consideró que la decisión estadounidense “solo confirma el fracaso de la guerra global contra las drogas impuesta por Estados Unidos”.
PUBLICIDAD
Enfatizó que el país ha pagado el costo más alto en términos sociales y económicos, indicando que “mientras el consumo de drogas sigue creciendo y las ganancias del narcotráfico irrigan sus sistemas financieros, Colombia continúa pagando el precio más alto: miles de vidas perdidas y billones en recursos públicos dilapidados”.
El congresista concluyó que corresponde a Estados Unidos asumir su responsabilidad, ya que la estrategia diseñada durante décadas ha trasladado sus efectos más destructivos a naciones como Colombia.
En una línea similar, la representante y precandidata de izquierda María José Pizarro calificó la descertificación como un acto “unilateral e ilegítimo”. Según Pizarro, “ningún país tiene la potestad de juzgar a otro; esa es una facultad exclusiva de los organismos multilaterales como la ONU”.
PUBLICIDAD
Lamentó que mientras Colombia enfrenta los efectos de una guerra fallida, programas de sustitución de cultivos respaldados por agencias estadounidenses se ven recortados, lo que en sus palabras genera “más violencia y desigualdad”.
Criticó abiertamente el enfoque que responsabiliza de manera exclusiva a Colombia por un fenómeno global y sentenció: “El problema de fondo en EE. UU. no es la cocaína colombiana, es la crisis de adicción al fentanilo que ellos mismos deben resolver”.
Acusaciones de uso político y doble estándar
La reacción de Daniel Quintero, precandidato por el Pacto Histórico, se centró en un fuerte cuestionamiento a la motivación política de la medida estadounidense. Quintero denunció que la descertificación funciona como “una herramienta de presión con objetivos políticos que no reconoce que nosotros somos los que ponemos los muertos y la mayor parte de los gastos”.
PUBLICIDAD
A su juicio, existen intereses electorales alineados con sectores de derecha, sugiriendo que candidatos como Vicky Dávila o Federico Gutiérrez habrían solicitado sanciones desde el extranjero. “Esta medida aleja a Estados Unidos como un socio confiable para América Latina”, manifestó.
En su intervención, Quintero también mencionó que parte del problema radica en la existencia de carteles dentro de Estados Unidos que superan a los de Latinoamérica y concluyó: “Si vamos a eso, somos nosotros los que debemos desertificar a los Estados Unidos”.
Mauricio Lizcano, también en carrera presidencial, coincidió en que la medida tiene una connotación política. Aseguró que “la decisión del gobierno de los Estados Unidos es una decisión más contra el gobierno del presidente Gustavo Petro”, agregando que aunque la cooperación sigue en pie, la descertificación constituye “un llamado de atención grave porque pone a Colombia en la picota mundial”.
PUBLICIDAD
Críticas a la gestión de Petro y la “paz total”
Desde sectores conservadores, el debate se centró en la responsabilidad del actual presidente Gustavo Petro y sus políticas. Abelardo de la Espriella responsabilizó de forma directa al mandatario, asegurando que la descertificación es “consecuencia de una política que busca empoderar al narcoterrorismo mientras debilita la institucionalidad”.
Cuestionó la ausencia de acciones efectivas sobre las más de 330 mil hectáreas de coca y denunció que “no hay políticas públicas claras para combatir ese fenómeno”. Señaló además posibles alianzas en la frontera y advirtió sobre la influencia de “la tiranía de Maduro”, asegurando que el “Catatumbo es una zona franca donde el narcotráfico campea”.
La postura de Daniel Palacios, exministro del Interior, también apuntó al actual mandatario y dijo que “Estados Unidos no desertificó a Colombia, desertificó a Gustavo Petro”. Palacios criticó la política de “paz total”, afirmando que en vez de frenar el avance del narcotráfico, el Gobierno “cedió territorio y fortaleció a los narcotraficantes y terroristas”.
PUBLICIDAD
El aspirante recalcó que la comunidad internacional observa ahora al país como un escenario donde el delito gana terreno y subrayó la importancia de reconocer el esfuerzo de la fuerza pública colombiana.
Felipe Córdoba, excontralor y actual precandidato, atribuyó la situación a la “mentira de la paz total” y al llamado “Pacto de la Picota”. Córdoba describió el episodio como una “crónica de una muerte anunciada”, en referencia a las advertencias previas sobre el rumbo de la política antidrogas del Gobierno.
Insistió en que el país atraviesa “una noche oscura de la que vamos a salir” y expresó su confianza en que Colombia recupere la senda de la legalidad y la cooperación internacional.
PUBLICIDAD
Énfasis en el impacto económico y reputacional
La repercusión de la descertificación en la economía y la imagen internacional fue resaltada por Juan Manuel Galán, quien la calificó como “una de las peores señales internacionales que ha recibido nuestro país en décadas”. Galán subrayó que este tipo de decisiones no golpean solamente a los gobiernos, sino a la confianza de los inversionistas, al turismo y a “miles de empleos que hoy están en riesgo”.
Para este precandidato, la falta de una política clara y coherente ha llevado a Colombia a “el peor escenario posible: aislados y con menor capacidad de enfrentar un problema que afecta directamente la vida de millones de personas”. Según Galán, urge una estrategia que devuelva la confianza internacional e involucre a las comunidades y la economía en una verdadera oportunidad de desarrollo.
Diversidad de enfoques y un futuro incierto
Las reacciones de los precandidatos evidenciaron la diversidad de diagnósticos y propuestas rumbo a las elecciones presidenciales. Para algunos, la salida de Colombia de la lista de países certificados significa revisar la cooperación internacional y defender la soberanía, mientras otros consideran que la responsabilidad recae principalmente en el Ejecutivo.
PUBLICIDAD
El debate puso en el centro la discusión sobre la eficacia de la “paz total”, la necesidad de liderazgo y la urgencia de ofrecer salidas frente a una crisis institucional e internacional.
La descertificación no conlleva sanciones automáticas, pero sí plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación, la política antidrogas y la posición de Colombia en el escenario global. Alrededor del país, la opinión pública observa cómo el tema se convierte en eje de la agenda política y en argumento central en la contienda por la Presidencia.