La familia de una joven colombiana de 14 años que murió en extrañas circunstancias en Venezuela enfrenta una dura batalla para repatriar el cuerpo de la menor y darle sepultura en territorio colombiano, por lo que pidieron ayuda al Gobierno nacional para cumplir con este objetivo.
El 16 de agosto de 2025, Lizeth Lerma, madre de la adolescente, recibió una llamada de la morgue de Maracaibo con la que le informaron que el cuerpo de su hija estaba en ese lugar y que, según las primeras hipótesis, aparentemente se habría suicidado. No obstante, Lerma rechazó esa versión y aseguró que la menor fue víctima de trata de personas.
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De acuerdo con su relato a Noticias RCN, la joven habría partido hacia el vecino país hace aproximadamente seis meses, tiempo durante el cual fue instrumentalizada por el hombre de 24 años que la convenció de migrar, quien se habría aprovechado de su vulnerabilidad para involucrarla en acciones delictivas o para explotarla sexualmente.
Al momento de conocer la noticia de que su hija se iba a trasladar hacia ese país, la madre empezó a prevenir que le podría suceder lo peor, por lo que desde que conoció sobre su fallecimiento mantuvo su seguridad sobre que la joven habría estado expuesta a situaciones de riesgo que derivaron en su deceso.
“Supuestamente, la niña se quitó la vida, pero nosotros (su familia) no lo creemos y no conozco exactamente las causas de su muerte. Medicina Legal de Venezuela no me da información y me dijo que tenía que viajar a Maracaibo”, aseguró la madre de la menor al medio de comunicación citado.
En su testimonio, la mujer describió su desesperación ante la imposibilidad de repatriar el cuerpo de su hija, debido a la falta de fondos de la Cancillería colombiana y la ausencia de información del organismo forense del vecino país, por lo que la única respuesta a su solicitud ha sido una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que le informaron la falta de recursos para atender la repatriación.
En la misma línea, aseguró que de parte de las autoridades del vecino país tampoco ha recibido respuesta favorable, lo que aumenta la incertidumbre en torno al fallecimiento de la menor y, por consiguiente, la desesperación de la familia por lograr que la menor retorne al país para ser sepultada según las creencias cristianas.
“La niña murió el 16 de agosto. Pedí ayuda por primera vez el 17 de agosto y, a la fecha, la Cancillería solo se ha pronunciado por medio de una carta en la que me dicen que no cuentan con los fondos para hacer la repatriación”, explicó la mujer al medio mencionado.
Con este argumento, la mujer hizo un llamado al Gobierno nacional para que no se presenten más barreras burocráticas y se pueda efectuar la repatriación del cuerpo de la menor para poder esclarecer el caso en terreno colombiano y, asimismo, sepultarla.
El caso sacó a la luz la alta vulnerabilidad de los menores de edad ante las redes de trata de persona que operan a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, sino que también enciende una nueva alarma en la región sobre el accionar de estas organizaciones.
Según cifras recientes del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional, entre 2022 y 2025 se han registrado 759 denuncias por trata de personas entre ambos países, de las cuales un 35%, han ocurrido en Bogotá.
Frente a este panorama, el concejal David Saavedra, del Nuevo Liberalismo, advirtió que las fronteras son escenario de migración forzada que es aprovechada por bandas criminales para perpetrar estos delitos, afectando tanto a migrantes colombianos como venezolanos y generando un vacío de protección institucional.