El inicio de la discusión sobre el incremento del salario mínimo en Colombia para el próximo año llamaron la atención en las declaraciones que dio el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, luego de participar, junto a los ponentes y coordinadores de la Ley de Presupuesto General de la Nación de 2026, en la sesión de las Comisiones Económicas del Congreso de la República, en la que se presentó el presupuesto del sector Trabajo para la vigencia 2026.
Tras la reciente instalación de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Sociales, del 26 de agosto de 2025, el funcionario resaltó que el Gobierno no pretende imponer el aumento por decreto, salvo que no se logre un acuerdo entre las partes, como lo establece la Constitución. El ministro destacó la importancia de este espacio de diálogo entre representantes del Gobierno, empresarios y sindicatos para definir el ajuste salarial antes de finalizar 2025.
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El proceso de concertación se desarrollará con la participación activa de todos los sectores involucrados. La Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Sociales, que reúne a representantes empresariales, sindicales y gubernamentales, se consolidó como el escenario clave para analizar las cifras económicas y proyectar el incremento salarial.
Sanguino recalcó que la discusión se hará “con cifras en mano y con la presencia de expertos que nos ayuden a definir cuál es el horizonte, cuál es el escenario de la economía colombiana para producir un incremento que signifique seguir mejorando los ingresos de los trabajadores”.
Aumento del salario mínimo por decreto
En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno decrete el aumento sin acuerdo previo, Sanguino aclaró que la medida solo se aplicaría si la Comisión no logra consensuar una cifra. “El presidente ha dicho que si le corresponde hacer uso de su potestad y de su competencia para incrementar el salario mínimo por decreto, pues lo hará. Y eso es lo que dice la Constitución y la ley”, afirmó el ministro al insistir en que la prioridad es alcanzar un acuerdo por medio del diálogo social.
Asimismo, defendió la política de incrementos salariales implementada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro al remarcar que los aumentos recientes superaron la inflación registrada en el año anterior. Según el ministro, esta estrategia ha tenido efectos positivos en la economía.
Puntualizó que “el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha venido implementando una política de incremento sustancial en los ingresos de los trabajadores por encima de la inflación causada en el año inmediatamente anterior”. Y aclaró que “ello ha significado unos indicadores positivos en relación con el aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, la disminución del desempleo, que según el último registro del Dane llega al 8,8%, el desempleo más bajo desde antes de la pandemia, y un control de la inflación que está por el orden de o un poco menos del 5%”.
Críticas del sector privado
Frente a las críticas del sector privado sobre la persistencia de la informalidad laboral (55% a junio de 2025, según el Dane), el ministro respondió con datos oficiales. Precisó que “la mayor cantidad de empleos que se generaron en este periodo son, en un 80%, empleo formal”, y añadió que el crecimiento económico se sitúa cerca del 3%. Además, invitó a los empresarios a considerar que “si se incrementan los ingresos de los trabajadores, crece la economía y crece el empleo”. En cuanto a la informalidad,
Sanguino citó cifras del Dane que muestran una disminución de más de un punto porcentual en el último registro, incluso en el sector rural. “Los empleos generados en su mayor proporción son empleos formales, y en una menor proporción, por debajo del 20 %, son empleos informales”, puntualizó.
Inspecciones laborales
En materia de inspección laboral, recordó que el Ministerio del Trabajo adoptó un modelo basado en el volumen de quejas recibidas. Explicó que, en casos como el de Tiendas D1, la intervención se hizo tras más de 100 denuncias presentadas por trabajadores, lo que llevó a inspeccionar 263 establecimientos en todo el país. Una situación similar se presentó con Supertiendas Olímpicas.
“Cuando hay un volumen de quejas significativo que indican un patrón de conducta en relación con violación de normas laborales, realizamos ese tipo de inspecciones”, señaló el ministro al enfatizar en que esta labor responde a la misión institucional de proteger los derechos de los trabajadores.
De cara al futuro, el Gobierno proyecta un avance sustancial en la formalización laboral por medio de la reforma en curso. Sanguino anticipó que la meta es incorporar a más de 1,5 millones de trabajadores al empleo formal, incluídos a quienes laboran en plataformas de reparto, trabajadoras domésticas, aprendices del Sena, madres comunitarias y otros grupos que en la actualidad se encuentran en condiciones de informalidad. Entonces, Con la implementación de la Reforma Laboral, estos sectores pasarán a contar con una base de protección social y derechos laborales garantizados, ampliando el alcance de la seguridad social en el país.