En Medellín y su área metropolitana, tras más de un siglo de inversiones en infraestructura, todavía existen barrios sin acceso a agua potable. La empresa Empresas Públicas de Medellín (EPM) lanzó un nuevo plan de expansión, prometiendo cobertura total y destinando $12,8 billones para acueducto y alcantarillado en las próximas dos décadas, como expuso recientemente su gerente, John Maya Salazar, durante un debate en el Concejo de Medellín.
La ciudad, reconocida por tener uno de los sistemas de servicios públicos más modernos de Colombia, enfrenta el reto de conectar a barrios enteros que aún dependen de redes improvisadas o, incluso, carecen de suministro regular. La meta inmediata de EPM es lograr que 68.000 hogares cuenten con agua potable antes de 2027, proyecto que requiere invertir más de $400.000 millones.
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La historia de la red de acueducto en Medellín data de finales del siglo XIX, cuando el municipio obtuvo el derecho exclusivo para proveer agua y, en 1890, adquirió el acueducto de Piedras Blancas. Pese a estos avances, durante décadas muchos sectores resistieron con infraestructuras precarias, como tuberías de barro vulnerables a filtraciones.
Según la historiadora Constanza Toro, las primeras instalaciones presentaban severos problemas de contaminación, agravando la mortalidad infantil, que llegó a representar el 60% de las muertes totales de menores en 1922. Solo el desarrollo de nuevas plantas, como la de Villa Hermosa en 1943, permitió comenzar a solucionar estos desafíos desde la década de 1940.
La transformación estructural del acueducto recibió un nuevo impulso con la creación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en 1955. El crecimiento acelerado de la ciudad, marcado por la urbanización y la llegada de miles de personas, requirió infraestructuras cada vez más extensas. Y en 1968 se puso en funcionamiento la planta de tratamiento La Ayurá, que hoy abastece al 60% de los habitantes del Valle de Aburrá, lo que representa a cerca de 2,1 millones de personas. Más adelante, en 1992, comenzó a operar la planta Manantiales en Bello, anticipando el crecimiento metropolitano de las próximas décadas.
Pese a estos esfuerzos, numerosas zonas del Valle de Aburrá permanecen desconectadas de la red oficial. Según explicó Santiago Wilches Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, uno de los principales obstáculos es legal, ya que la empresa no puede invertir en asentamientos que no estén habilitados por los planes de ordenamiento territorial, aun cuando estén poblados y dentro del área metropolitana. Gran parte de estas zonas están catalogadas como de alto riesgo no mitigable, lo que imposibilita que las redes oficiales se instalen.
“En el tema de universalización el único actor no es el prestador de servicios públicos, porque en el territorio existen unas zonas en las que puede haber algunos asentamientos en los que nosotros como empresa de servicios públicos no podemos llegar, ya que tienen restricciones en uso del suelo en los planes de ordenamiento territorial”, precisó Wilches.
EPM priorizó 38 sectores de Medellín para extender el acueducto en el corto y mediano plazo, incluyendo comunas como Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Villa Hermosa, La América, San Javier, Guayabal, Belén y los corregimientos Altavista y San Cristóbal. Además, la expansión incluye 12 sectores de municipios aledaños como Bello, Caldas, Envigado, La Estrella, Sabaneta e Itagüí.
El programa Unidos por el Agua sostiene tres líneas estratégicas: el primero busca garantizar suministro en áreas de difícil gestión, zonas donde los habitantes dependen de conexiones artesanales. En estos casos, EPM construirá redes convencionales o alternativas sin costo para los usuarios. El segundo eje consiste en la extensión de redes para zonas ya habilitadas, donde las familias podrán financiar la conexión en planes de hasta diez años a través de la factura. La tercera línea ofrece que los hogares de estratos 1, 2 y 3 puedan financiar nuevas conexiones en cuotas mensuales, también a través del recibo de servicios públicos.
Entre los municipios más impactados por este déficit se encuentra La Estrella, donde nuevas urbanizaciones dependen de acueductos veredales incapaces de cubrir las demandas crecientes. En 2023, EPM inauguró dos tanques de almacenamiento en Pueblo Viejo y La Tablaza, ambos ya conectados a la red general, aunque la distribución local sigue siendo responsabilidad municipal. EPM solo provee la infraestructura principal, mientras que los municipios deben construir las redes de distribución internas.
Junto con la expansión, EPM abordará un proceso de modernización de las infraestructuras existentes, destinando cerca de la mitad de los $12,8 billones previstos a la mejora de las redes actuales durante los próximos veinte años. Durante su intervención en el Concejo, John Maya Salazar enfatizó: “Tenemos una meta para, en el 2035, tener esa cobertura del 100%”. Según datos de la entidad, la cobertura de acueducto en el área de prestación alcanza hoy el 98%, por lo que la universalización representa uno de los principales desafíos institucionales.
La promesa de EPM de lograr cobertura total de agua potable involucra obstáculos técnicos, legales y financieros. El propósito declarado de conectar los últimos barrios periféricos requerirá coordinación entre la empresa, las autoridades municipales y la comunidad. Las inversiones previstas para los próximos años significarán un importante avance para asegurar que ningún hogar de Medellín y su área metropolitana quede fuera del acceso a este servicio esencial.