El 15 de agosto de 2025 se conoció que Alfredo Saade dejará la jefatura de despacho de la Presidencia y pasará a ocupar el cargo de embajador de Colombia en Brasil.
Saade, que duró dos meses en el despacho de la Casa de Nariño, llegará a esa sede diplomática en reemplazo de Guillermo Rivera.
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Sin embargo, El Tiempo reveló que la salida de Alfredo Saade obedecería a la suspensión que la Procuraduría General de la Nación planeaba imponerle por su gestión en el tema de pasaportes.
Según el citado medio de comunicación, la decisión del presidente Gustavo Petro se habría dado para mantener a Saade en el Gobierno, debido a que la suspensión solo opera en la jefatura de gabinete, pero en caso de ser hallado responsable, quedaría inhabilitado para ejercer cualquier cargo público.
El documento tiene como ponente a Esiquio Sánchez, que había determinando, según El Tiempo, suspender a Alfredo Saade por tres meses mientras avanzaba la investigación.
Según Sánchez, el ‘pastor’ Saade “podría utilizar las potestades que su empleo le concede, para intervenir en la gestión e implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes”.
El expediente de la Procuraduría, revelado por El Tiempo, dejaría ver que Alfredo Saade dio órdenes a funcionarios de la Cancillería.
“Les solicitó racionalizar la asignación de citas para la expedición de pasaportes con el fin de asegurar la disponibilidad de libretas durante una mayor cantidad de tiempo”, se lee en el expediente.
Esiquio Sánchez tuvo en cuenta la reunión del 27 de junio, donde Saade habría pedido a funcionarios de la Cancillería que el trámite debería realizarse de inmediato para poder firmar con Portugal y poner a trabajar a la Imprenta Nacional.
El Tiempo reveló que la Procuraduría tuvo en cuanto las declaraciones de cinco funcionarios de la Cancillería, entre ellos, la del viceministro Mauricio Jaramillo.
Para el Ministerio Público, según lo revelado por el citado medio de comunicación, Saade habría incurrido en tres faltas disciplinarias graves.
“Alfredo Saade comprendía el alcance de los hechos, de su actuar y, además, tenía plena capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión, así en cuanto a la exigibilidad del cumplimiento del deber, tenía la posibilidad de ajustar su comportamiento a los deberes que se imponen a todo servidor público”, se lee en el expediente.
Alfredo Saade, en sus recientes intervenciones, provocó tensiones en el seno del Pacto Histórico debido a sus opiniones sobre el proceso de elección del candidato presidencial para 2026.
Después de que se hiciera pública la lista de siete aspirantes que participarán en la consulta interna programada para octubre de 2025, Saade manifestó en una entrevista con Caracol Radio su preferencia porque el presidente Gustavo Petro sea quien designe directamente al candidato, dejando de lado el mecanismo democrático previsto por la coalición.
Saade expresó que le había pedido personalmente a Petro que tomara la decisión de manera unilateral, señalando que no compartía la tendencia democrática del líder.
Estas declaraciones generaron reacciones inmediatas y críticas dentro del movimiento. Susana Muhamad, exministra de Ambiente y precandidata presidencial, cuestionó a Saade por su postura.
En conversación con Infobae Colombia, Muhamad consideró irresponsable la posición del funcionario, subrayando que el presidente Petro ha reiterado que no busca su propia reelección, sino la continuidad del proyecto político a través de la unidad del Pacto Histórico.
Muhamad sostuvo que Saade, al formar parte del Gobierno, debería manejar con mayor responsabilidad sus declaraciones, ya que no representan ni el sentir de la coalición ni la postura oficial del presidente.
La exministra también trajo a colación debates anteriores sobre la reelección presidencial en El Salvador y sostuvo que en Colombia la modificación constitucional para habilitar la reelección solo ha ocurrido bajo el liderazgo de Álvaro Uribe Vélez, algo que, afirmó, el Pacto Histórico pretende evitar.
Muhamad hizo hincapié en que la coalición debe mantener principios democráticos e institucionales para garantizar la pluralidad en el proceso de selección interna de sus candidatos.