La Procuraduría General de la Nación solicitó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado que se anule la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgó la personería jurídica al partido Gente en Movimiento.
La colectividad está liderada por el precandidato presidencial y exministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Mauricio Lizcano.
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Según el Ministerio Público, los argumentos que justificaron el reconocimiento de la colectividad no se ajustan a la realidad de los hechos.
En un documento de treinta páginas tomado por W Radio, el ente de control indica que, aunque existieron actos de violencia graves —como el secuestro de Óscar Tulio Lizcano González, padre de Mauricio Lizcano, por parte de las Farc—, no se puede establecer una relación directa entre ese episodio y la supuesta imposibilidad de participación política de la agrupación.
Por ello, sostendría que la colectividad no perdió su personería como consecuencia de una disminución en su actividad política derivada del secuestro.
La controversia surge por la decisión del CNE de aplicar a Gente en Movimiento los mismos criterios que permitieron restituir la personería jurídica al Nuevo Liberalismo, partido que había quedado acéfalo tras el asesinato de Luis Carlos Galán, según el medio citado.
En ese caso, la violencia política fue determinante para impedir la participación electoral y justificar la recuperación de la personería.
Sin embargo, la Procuraduría consideraría que la situación de Gente en Movimiento no es equiparable.
El Ministerio Público respalda la demanda presentada por el abogado Samuel Ortiz Mancipe y enfatiza que, a diferencia del Nuevo Liberalismo, no existe una afectación estructural en la colectividad que amerite la aplicación de criterios excepcionales.
El ente de control advierte que la gravedad del secuestro de Óscar Tulio Lizcano no puede servir como fundamento para legitimar la restitución de la personería jurídica.
Lizcano ha sido nombrado en el escándalo de la Ungrd
En las últimas semanas, el nombre de Lizcano ha estado en el centro de otro escenario judicial.
Aparece en la compulsa de copias que la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Aunque no existe una acusación formal en su contra, su nombre figura junto al de otros diez funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, investigados por presunto direccionamiento de contratos millonarios a cambio de votos en el Congreso.
La investigación judicial se basa en testimonios y registros audiovisuales.
Olmedo López, exdirector de la Ungrd, aseguró que se habrían realizado reuniones en la Presidencia para acordar la compra de votos de congresistas a cambio de contratos públicos, en fechas específicas de noviembre y diciembre de 2023.
Según López, en estos encuentros habrían participado Lizcano, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.
Lizcano, consultado por El Colombiano, negó cualquier vínculo con el escándalo y afirmó que su presencia en la Presidencia en los días señalados obedeció a otros compromisos institucionales.
“Yo no tenía a la señora Benavides en mi celular y no creo que me haya mencionado. Estoy convencido que no. Yo con ella no tuve nunca ninguna relación, no tengo en mi celular ni un solo chat con ella”, declaró.
También subrayó que nunca se reunió con López fuera de lo estrictamente institucional y que su nombre no figura en acusaciones formales.
La declaración de María Alejandra Benavides Soto, exasesora técnica del Ministerio de Hacienda, ha sido clave para la investigación.
Benavides relató que habría facilitado la asignación de contratos de la Ungrd por 92.000 millones de pesos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Su testimonio motivó la apertura de investigación contra los once funcionarios y exfuncionarios señalados, incluyendo a Lizcano.
El avance de la investigación también contempla registros audiovisuales que muestran a varios funcionarios ingresando al Palacio presidencial en las fechas señaladas.
Lizcano reiteró que su participación correspondió a otros asuntos oficiales y que no hay evidencia de que haya estado involucrado en decisiones relacionadas con la asignación de contratos o la supuesta compra de votos.