El bosque colombiano está perdiendo terreno, literalmente. En 2024, el país registró la pérdida de 113.608 hectáreas de cobertura boscosa, una cifra que, aunque sigue siendo una de las más bajas en las últimas dos décadas, marca un preocupante aumento del 43% de la deforestación respecto a 2023. La Amazonia, corazón verde del país, fue la más golpeada.
La alerta fue realizada el jueves 31 de julio por el Ministerio de Ambiente, que presentó el consolidado nacional de deforestación con datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Durante una rueda de prensa en Bogotá, la ministra Lena Estrada Añokazi expresó: “Los esfuerzos que este Gobierno ha hecho no son suficientes porque la deforestación persiste. Nos mostramos bastante preocupados porque el territorio más afectado es la Amazonia”.
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Ese retroceso, de hecho, pone fin a la tendencia positiva que había logrado el país en 2023, cuando se alcanzó el registro más bajo desde que el Ideam comenzó a medir la deforestación hace 24 años. Pero lo que más inquieta no es la variación estadística, sino dónde se está perdiendo el bosque.
Según los datos oficiales, solo en la región amazónica se perdieron 77.124 hectáreas, frente a las 44.274 hectáreas del año anterior. Los departamentos más afectados son Meta (27.107 ha), Caquetá (25.263 ha), Guaviare (16.908 ha) y Putumayo (5.443 ha). Juntos, concentran gran parte del daño ambiental.
El informe del Ideam identificó además nueve núcleos críticos, donde se concentró el 57% de toda la deforestación del país. El foco más grave fue Sabanas del Yarí Caguán, en Caquetá, con un 18%, seguido por Llanos del Yarí Marginal de la Selva, zona que conecta Meta, Caquetá y Guaviare, con un 11,5%.
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¿Y qué hay detrás de este deterioro? La respuesta, aunque compleja, es conocida. “Las causas, en general, están relacionadas con procesos de ilegalidad, de no cumplimiento con la legislación ambiental, y además con la alta conflictividad que se encuentra en los territorios”, explicó Edersson Cabrera, coordinador del sistema de monitoreo de bosques y carbono del Ideam.
Entre los factores principales están la ganadería extensiva no sostenible, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de minerales y los efectos del cambio climático. Pero, también hay una dimensión política y de seguridad que agrava el panorama, la presencia de grupos armados en las zonas más afectadas.
La conexión entre deforestación y conflicto armado no es nueva, pero en 2024 adquirió un carácter más agudo. Ya en abril, la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad, advirtió que las alertas tempranas de deforestación aumentaron un 40% durante el primer trimestre del año. Y uno de los factores decisivos, según ella, fue el accionar de las disidencias de las Farc.
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En la Amazonia, facciones como el Estado Mayor Central (EMC) impusieron control mediante amenazas, desplazamientos y asesinatos de líderes sociales, especialmente indígenas y campesinos. En varios casos, también bloquearon el ingreso de funcionarios de las autoridades ambientales, lo cual paralizó acciones clave del ministerio y otras instituciones.
Además del EMC, otra disidencia —el Estado Mayor de los Bloques— también hace presencia en esta región. En departamentos como Guaviare, los enfrentamientos entre ambos grupos generaron paros armados, atentados y asesinatos, como el del periodista comunitario Gustavo Chicangana y ocho líderes sociales en lo corrido del año.
El deterioro ambiental y la violencia se entrelazan en un ciclo difícil de romper. Por eso, Estrada fue contundente: “Si logramos desescalar la guerra en la que estamos, logramos desescalar la deforestación. Este es un trabajo de todos. Como gobierno estamos haciendo esfuerzos, pero necesitamos trabajar articuladamente con las diferentes instituciones”.
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