Miguel Ángel del Río envió ‘sablazo’ a seguidores de Álvaro Uribe por presiones a encargada de dar el fallo sobre el caso: “Si están tan seguros, permitan que la juez decida”

Mientras el país sigue expectante por el giro que pueda dar el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, no cesan las tensiones entre sectores afines y contrarios al exmandatario.

De hecho, apenas horas de que se conozca el sentido de fallo sobre su presunta responsabilidad por soborno a testigos y fraude procesal, el abogado Miguel Ángel del Río, representante de dos de las presuntas víctimas acreditadas en el proceso contra el expresidente, señaló que la evidencia aportada demuestra que la iniciativa de buscar la retractación de testigos partió desde la defensa de Uribe y que este tenía pleno conocimiento de la estrategia.

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En medio de una entrevista concedida a la revista Cambio, el litigante criticó la presión mediática y política ejercida sobre la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, y denunció la existencia de opiniones orientadas a deslegitimar la decisión judicial por motivos ajenos al proceso.

“Es inaceptable la presión que están ejerciendo sobre la funcionaria, vendiendo o creando el relato de que como esto es una persecución política o un montaje judicial, de ser condenado (Uribe) no tiene credibilidad esa condena, lo que significa deslegitimar a la administración de justicia con anticipación, para decir que la condena se dio en el gobierno de Petro”, señaló el abogado.

Además, recordó que la actuación judicial se ha mantenido a lo largo de distintas administraciones, incluyendo el gobierno de Iván Duque, y resaltó el papel de juezas que evitaron la preclusión en distintas etapas procesales.

“Se olvidan una cantidad de situaciones, como que el auto que impuso una medida de aseguramiento en contra de Uribe se dio en el gobierno de Duque. No es un tema de gobiernos persiguiendo personas, es un tema de la justicia funcionando como debe hacerse. O también podríamos decirlo a la inversa, ¿por qué no se dio desarrollo a las solicitudes de preclusión en el gobierno de Duque? Cuando se solicitaron con una Fiscalía de bolsillo, por parte de Francisco Barbosa”, continuó Del Río.

Incluso, el abogado pidió a juristas y medios de comunicación permitir que la jueza tome su decisión basada en las pruebas, haciendo énfasis en la confianza que debería tener el equipo del expresidente Uribe sobre las pruebas y no en las presiones políticas y sociales.

“Han advertido, incluso, que de ser condenado Uribe el gobierno tendrá entonces sanciones por parte de la administración Donald Trump. Si están tan seguros del resultado, seguros de la inocencia de Uribe Vélez, pues permitan que la señora juez tome una decisión en derecho, tranquila y sin presiones”, continuó Miguel Ángel del Río en Cambio.

El abogado también destacó que algunos de los elementos centrales fueron los registros sonoros entregados por Deyanira Gómez a la Corte Suprema de Justicia, en los que el abogado Diego Cadena expresa el interés de Uribe en la retractación de Juan Guillermo Monsalve, mientras este último rechaza la propuesta asegurando: “yo no quiero retractarme, ustedes están perdiendo el tiempo”.

Según Del Río, estas grabaciones muestran no solo el interés activo de la defensa de Uribe, sino que los intentos de retractación no surgieron de una supuesta voluntad de Monsalve.

Además, enfatizó que el argumento según el cual fue Monsalve quien buscó a Cadena carece de lógica, ya que conocía directamente a Juan Guillermo Villegas, una figura influyente en el entramado del caso y con nexos históricos con la familia Monsalve.

Del Río también detalló otros elementos probatorios fundamentales: una grabación de marzo de 2018 en la que Monsalve conversa con su compañero de celda Enrique Pardo Hasche, quien le instruye sobre cómo redactar la carta de retractación, y un audio del 3 de abril de 2018 donde Pardo Hasche intercambia información con Cadena acerca de la presunta fabricación de testigos.

Estos datos, según el abogado de las presuntas víctimas, refuerzan la tesis de que la defensa de Uribe impulsó activamente la búsqueda de retractaciones entre testigos clave.

Respecto a la naturaleza de las ayudas económicas relacionadas con el caso, Del Río distinguió entre el apoyo humanitario ofrecido a la familia Monsalve a través de una fundación, promovido por entornos cercanos a Iván Cepeda ante amenazas de seguridad, y las transferencias directas de dinero desde la defensa de Uribe, canalizadas por Diego Cadena, cuyo propósito, argumentó, era incidir en testimonios favorables al expresidente.

En cuanto a la supuesta relación entre Cepeda y Monsalve, Del Río remarcó que su vínculo se deriva de las funciones de Cepeda como defensor de derechos humanos, encargado de recopilar información relevante para el Congreso.

Monsalve inició en 2012 sus declaraciones sobre los presuntos nexos paramilitares de los hermanos Uribe Vélez como resultado de su experiencia en la finca Las Guacharacas. Del Río rechazó categóricamente que haya existido un acuerdo político previo entre Cepeda y Monsalve y subrayó que las comunicaciones de Monsalve a partir de 2020 se canalizaron únicamente a través de su defensa legal.