El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó detalles sobre la situación presupuestal y las acciones que adelanta su cartera para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, en medio de los desafíos que representan la criminalidad organizada y los recientes anuncios de paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con el jefe de la cartera, que dio una entrevista en W Radio, aunque se ha logrado descongelar una parte importante de los recursos previstos para el sector defensa, aún quedan pendientes por liberarse cerca de noventa mil millones de pesos.
Según explicó, ya se desbloquearon 346.000 millones de pesos, monto que actualmente se encuentra disponible para ejecución dentro de las Fuerzas Armadas.
No obstante, enfatizó que todavía queda un saldo por destrabar, lo que mantiene al Ministerio ajustando internamente su planeación financiera.
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“Hemos solicitado el descongelamiento de 346.000 millones de pesos que ya fueron descongelados y que ya están en las fuerzas para su ejecución, pero aún está pendiente 90.000 millones de pesos”, resaltó.
Sánchez indicó que se realizó un reajuste interno para redistribuir el presupuesto, priorizando necesidades específicas de la Fuerza Pública.
En ese sentido, recordó que entre 2002 y 2004 se impulsó un plan de choque que permitió incrementar considerablemente el número de soldados profesionales.
Tras dos décadas de servicio, muchos de estos uniformados empezaron a cumplir el tiempo reglamentario para su retiro, lo que obliga a la entidad a disponer de mayores recursos para cubrir esas asignaciones.
“En 2002, 2003 y 2004 hubo un plan choque, en el cual se incrementó la fuerza pública, los soldados profesionales y esos soldados llegaron a sus 20 años en el 2022 y 2023 y continuará hasta el 2028. Eso hace que tengamos que destinar más recursos para la asignación de retiro de esos soldados. En el margen de maniobra nos queda un 21% del presupuesto, de los cuales el 13% lo podemos emplear, ya que el otro porcentaje es para unas obligaciones que ya tenemos”, expuso el ministro.
En cifras, precisó que actualmente solo el 21% del presupuesto total tiene margen de maniobra, y de ese porcentaje apenas el 13% puede emplearse libremente, ya que el resto está comprometido con obligaciones adquiridas.
Ante este panorama, subrayó que el gasto en defensa es cada vez más rígido, lo que demanda una gestión más eficiente de los recursos.
Uno de los temas que más preocupa al Ministerio es la capacidad de respuesta ante la sofisticación de grupos armados ilegales, especialmente en el uso de drones para perpetrar ataques.
El ministro advirtió que estas organizaciones no enfrentan los mismos trámites ni limitaciones del Estado para acceder a tecnología, por lo que se requiere robustecer las capacidades antidrones de las Fuerzas Armadas.
Entre las medidas adoptadas, destacó el fortalecimiento de los entrenamientos y el perfeccionamiento de tácticas, junto con la dotación de equipos especializados.
En cuanto a la modernización de la flota de aeronaves, Sánchez adelantó que está prevista la llegada de un nuevo helicóptero Black Hawk entre finales de este año y principios del próximo.
Además, informó sobre la recuperación de tres helicópteros MI17, lo que eleva el número de estas aeronaves operativas a ocho. La meta es poner en funcionamiento tres unidades adicionales para cerrar el año con once helicópteros de este tipo.
En relación con la situación de orden público en el Chocó, el ministro se refirió al paro armado de 48 horas convocado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN, previsto para iniciar el próximo 25 de julio en todo el departamento. Según comunicaron los voceros de esa estructura, el objetivo es denunciar supuestos atropellos del Ejército Nacional en la comunidad de Chiriquí Alto Atrato, en el municipio de Lloró.
Frente a esta amenaza, el titular de Defensa aseguró que se desplegarán operaciones militares para garantizar la movilidad de la población y mantener la seguridad en la región. Según indicó, se prevé una reunión con el presidente de la República para reforzar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y coordinar nuevas acciones que permitan contrarrestar las acciones de este grupo armado ilegal.