Desde el 14 de julio se mantiene un paro indefinido liderado por el sector de agricultores de arroz en Colombia, que ha paralizado varias vías de siete departamentos con la exigencia de que el Gobierno nacional comience a cumplir los puntos del acuerdo registrado en marzo de 2025.
Como parte de las protestas, se han registrado bloqueos intermitentes en vías del Tolima, Huila, Córdoba, Casanare, Santander, Meta y Arauca, mediante cierres de seis horas con una hora de apertura de los corredores.
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Con una reunión organizada por la gobernadora del Tolima como único punto de encuentro que se ha llevado a cabo de manera oficial hasta la fecha, las protestas se mantienen en el territorio nacional, mientras que se ha confirmado que se comenzará una mesa de diálogo con el Comité Nacional del Paro Arrocero el 17 de julio en Bogotá.
Se espera que con la presencia de los ministros y viceministros de Agricultura, Comercio y Hacienda, en el encuentro se lleguen a acuerdos que permitan que los bloqueos sean retirados.
Mientras tanto, el comité del paro emitió un comunicado en el que entregó un balance de la tercera jornada del cese de actividades, exponiendo que no han recibido un apoyo económico que había sido prometido por el Estado.
“El comunicado del ministerio menciona temas relacionados con los acuerdos incumplidos por parte del Gobierno. Es necesario precisar que, como lo reconoció públicamente la viceministra de Agricultura, hasta la fecha no se ha entregado ni un solo apoyo económico prometido a los arroceros y muchos productores que tienen derecho a recibirlos siguen excluidos”, es parte del documento.
Es por ello que, bajo el contexto actual que se registra en el país, en diálogo con Infobae Colombia, el politólogo y profesor de la facultad de comunicación de la Universidad de La Sabana, Juan David Cárdenas, analizó las posibles consecuencias que se pueden registrar si el paro persiste en el territorio nacional.
En primer lugar, el experto habló de los caminos que existen para un acuerdo, abordando en primera instancia los que podrían registrarse en corto plazo.
“Se puede pensar en dos tipos de salidas. Unas de corto plazo, coyunturales y otras de largo plazo, estructurales. Las primeras implican iniciativas de diálogo, control de precios, subsidios a los productores”.
En segunda instancia, mencionó los acuerdos que pueden demorarse más, puesto que implican acuerdos comerciales y brechas a futuro.
“Las de largo plazo implica el repensar y renegociar los acuerdos comerciales como el TLC que generan unas desventajas competitivas muy fuertes para los productores nacionales y que generan una brecha que inevitablemente se va a ampliar, si no se avanza en una industrialización movida por la innovación y la competitividad”.
En un escenario en el que el cese de actividades se mantenga, Cárdenas expresó que se pueden registrar consecuencias económicas, sociales y políticas.
“Consecuencias de distinto tipo. Económicas como el desabastecimiento elevando los precios. Sociales, generando conflictividad rural, bloqueos y problemas de orden público; y políticos, el escalamiento del paro a otros sectores que pueden solidarizarse ante una situación problemática similar”.
Por último, indicó que el Estado debe garantizar la participación de los productores en todo momento, puesto que ellos tienen claridad de qué tanto los afectan los tratados comerciales a corto y largo plazo.
“Se debe fortalecer la institucionalidad rural y los procesos de gestión y participación de los distintos actores de la cadena de producción. Finalmente, es importante revisar las condiciones de los tratados de libre comercio y las consecuencias que han tenido sobre los distintos sectores productivos en aras de buscar unas condiciones que se adapten a la realidad del campo colombiano y de oportunidades a los sectores afectados por los acuerdos”.