Condenan a los líderes de una red de explotación que obligaba a mujeres colombianas a prostituirse en Grecia

Las víctimas eran captadas con falsas promesas de empleo, lo que fue investigado con la Fiscalía hasta dar con los responsables

Las autoridades piden a la ciudadanía denunciar estas redes para evitar nuevas víctimas - crédito Europa Press

Durante la jornada del 8 de julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron condenados los responsables de liderar una red de explotación que tenía como finalidad el reclutamiento de mujeres de Medellín bajo el ofrecimiento de trabajo en Grecia y en el momento en el que llegaban a ese territorio, las sometían a actividades relacionadas con la prostitución.

Los responsables fueron identificados como Juan David Ceballos Madrid y Paola Andrea Acevedo García, que llegaron a un preacuerdo con el ente acusador para reducir la pena por los delitos que las autoridades les imputaron tras el proceso en el que confirmaron que los señalados eran los responsables de reclutar a las jóvenes en la capital del departamento de Antioquia.

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De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, “Estas personas eran las encargadas de contactar a mujeres con dificultades económicas y en situación de vulnerabilidad en Medellín, y ofrecerles falsas ofertas laborales para trabajar en restaurantes y sitios públicos en este país europeo”, lo que finalmente terminaba siendo una promesa incumplida, pues al llegar a Grecia debían ejercer actividades relacionadas con la explotación sexual.

Por esta razón, el juez que lleva el caso determinó que los criminales deben pagar una pena de seis años y siete meses de cárcel por su responsabilidad en estos hechos.

Las autoridades locales trabajan para luchar en contra de los criminales detrás de estas redes de trata de personas - crédito Antonio Lacerda/EFE

Del mismo modo, el informe de la Fiscalía indica que al terminar el viaje, la actitud de los criminales con las mujeres reclutadas cambiaba de forma radical y, de inmediato, les quitaban sus documentos. Además de informarles que tenían una supuesta deuda que variaba entre los 3.400 y 3.600 euros ($16 a $17 millones de pesos), debido a los tiquetes, alojamiento y alimentación que gastarían en ellas, por lo que las obligaban a realizar actividades sexuales para “pagar” todo lo que les debían.

Bajo estas amenazas, lograron someter a varias mujeres paisas entre 2023 y 2024, cuyos testimonios están vinculados a la investigación y se convirtieron en aspectos relevantes para avanzar en el proceso en contra de Paola Andrea Acevedo García y Juan David Ceballos Madrid.

Respecto a este último, se sabe que también fue judicializado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, pues tenía una mayor lista de antecedentes que su compañera.

Cabe mencionar que esta no es la única red de explotación sexual que ha sido desarticulada, pues las autoridades confirmaron que en la primera semana de julio de 2025, una mujer identificada como Andrea Muñoz Posada y conocida con el alias de Jazmín, así como su cómplice Óscar Iván Marulanda, alias Camilo, que ya se encontraba en prisión, fueron notificados de su vinculación al proceso por el delito de trata de personas.

Los mencionados criminales son señalados como responsables por el reclutamiento de colombianas que eran enviadas a países de Europa, Centroamérica y Suramérica también mediante engaños.

Las autoridades luchan contra la explotación sexual - crédito Fernando Vergara/AP

Este tipo de casos encienden las alertas entre las autoridades, por lo que la Alcaldía de Medellín habilitó el Protocolo de Ruta de Trata de Personas, con el fin de que los ciudadanos que tengan información sobre estos criminales se comuniquen para evitar que más personas caigan en estas redes de explotación que trabajan alrededor del mundo.

Para este fin, se habilitó la línea 305 476 8062 o también existe la posibilidad de escribir al correo electrónico rutasDDHH@medellin.gov.co, donde los ciudadanos encontrarán apoyo por parte de la Policía y la Alcaldía, cuyos miembros están trabajando para atender a las víctimas y brindarles protección ante una denuncia oportuna.

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