La violencia por encargo no da tregua en Bogotá. En apenas cinco meses, la capital del país suma 156 casos de sicariato, una cifra que alarma tanto por su magnitud como por el altísimo nivel de impunidad, cerca del 90% de estos crímenes siguen sin resolución. Detrás de los disparos, hay estructuras criminales que operan con libertad, contratando a sicarios, algunos de ellos menores de edad, para ejecutar asesinatos selectivos y desaparecer sin dejar rastro.
Este panorama fue puesto en evidencia durante un debate de control político realizado en el Concejo de Bogotá, liderado por el cabildante Julián Espinosa, de la Alianza Verde. Durante la sesión, el concejal expuso no solo la dimensión de la problemática, también las fallas de una estrategia de seguridad que parece haberse estancado en el tiempo.
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“Una realidad aún más alarmante es la alta impunidad, de esos 156 casos, solo se han logrado 16 capturas, lo que deja 140 casos sin resolver. En otras palabras, casi el 90% de los sicariatos en Bogotá quedan en la impunidad”, señaló Espinosa, que advirtió que, si la tendencia actual se mantiene, la ciudad podría cerrar el 2025 con al menos 568 homicidios por encargo. Una cifra apenas menor a la registrada en 2024 (607 casos), pero que confirma la continuidad de un fenómeno que ya en 2023 alcanzó los 437 casos, y en 2022 los 431.
Las medidas institucionales para enfrentar este tipo de crímenes son cuestionadas por su falta de efectividad. Espinosa fue enfático al recordar que muchas de las acciones actuales, como los controles al parrillero en moto, las restricciones al porte de armas y los operativos puntuales, son prácticamente las mismas que se aplicaban desde finales de los años 80, cuando el país enfrentaba otra ola de sicariato.
“Por eso exigimos estrategias reales y efectivas. Porque, ojo a esta realidad, hace 35 años las propuestas para reducir el sicariato eran restricciones a las motos y control de armas. Hoy, desde la Secretaría de Seguridad, se plantean exactamente las mismas, control de armas ilegales y la posibilidad de restringir al parrillero”, dijo el concejal.
El problema, sin embargo, va más allá del modus operandi. Según Espinosa, el sicariato se nutre de economías ilegales que operan en varios puntos de la ciudad, rentas del microtráfico, cobros extorsivos, venganzas entre estructuras criminales y ajustes de cuentas. Este tipo de violencia, advierte, también es utilizada por las bandas como forma de disciplinamiento interno.
Localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Rafael Uribe, Usme, Santa Fe, Engativá y Bosa se consolidaron como epicentros de esta modalidad violenta, concentrando una parte significativa de los casos de sicariato registrados en lo corrido del año. Pese a que en estas zonas se implementaron intervenciones institucionales con programas como el plan “Microzonas”, patrullajes diferenciados, operativos conjuntos y las denominadas “megatomas”, los resultados continúan siendo insuficientes.
Otro punto crítico es el flujo de armas ilegales. Según cifras oficiales, en Bogotá se incautaron 1.119 armas de fuego en 2022, 3.105 en 2023 y 439 solo en el primer trimestre de 2024. A nivel nacional, el número de decomisos entre enero y abril de 2025 alcanzó las 8.466 armas. Muchas de estas, de acuerdo con las autoridades, tienen su origen en Estados Unidos. Así mismo, la Policía Nacional entregó cifras que permiten dimensionar con mayor precisión la magnitud del problema del tráfico ilegal de armas en el país.
Uno de los datos más contundentes es que, según sus estimaciones, en Colombia se incauta un arma de fuego cada 20 minutos. Esta frecuencia pone en evidencia la enorme circulación de armamento ilegal, muchas veces vinculado a estructuras criminales organizadas, economías subterráneas y redes transnacionales de contrabando.