El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una acción popular interpuesta por el Sindicato Nacional de Servidores Públicos de la Superintendencia de Salud, Sintraservipsalud, que busca frenar el proceso de renovación masiva de personal en la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).
La demanda pretende detener la salida de más del 80% de los funcionarios de planta y exige que el reemplazo se haga de manera gradual para evitar lo que el sindicato califica como un daño irreparable al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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Según pudo conocer Caracol Radio, el sindicato radicó recientemente ante el tribunal un memorial solicitando como medida cautelar la suspensión del proceso de selección que permitiría el ingreso de nuevos funcionarios.
El sindicato pide concretamente que “se suspenda el desarrollo del ‘Proceso de Selección No. 2503 de 2023 – Superintendencias’ con el fin de evitar un daño irreparable sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) por manifiesta inconveniencia pública y social y mientras se surte este proceso constitucional, hasta que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Superintendencia Nacional de Salud realicen una correcta planeación administrativa por medio de la cual se determine y ejecute una correcta planeación y estructura operativa para la renovación gradual del 85% de la planta de personal (…)”, según consta en el documento presentado y conocido por el medio citado.
Los argumentos de la demanda
La acción popular no cuestiona la legitimidad del concurso de méritos mediante el cual se seleccionarán los nuevos funcionarios. Sin embargo, el sindicato asegura que no existe una planeación adecuada para el reemplazo del personal en los 1.090 cargos, lo que podría traer serios inconvenientes financieros y administrativos para la entidad y el sistema de salud en general.
El sindicato advierte que “una renovación abrupta de personal implicará un impacto financiero y económico con costos directos e indirectos que pueden afectar seriamente el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS y por supuesto el presupuesto de la nación”.
Por ello, lo que se busca es que el tribunal ordene a la Supersalud y a la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) realizar un “análisis de impacto administrativo que establezca las consecuencias de un cambio abrupto de personal y en este orden, se disponga y desarrolle un proceso regulado de nombramiento de lista de elegibles que propenda por una transición gradual”.
La posición de la Superintendencia de Salud y la Comisión Nacional del Servicio Civil
Fuentes de la Superintendencia indicaron a Caracol Radio que ya fueron notificados de la acción judicial y que el proceso de selección ha sido gestionado por la Comisión Nacional del Servicio Civil cumpliendo con todos los requisitos legales. Según explicaron, la Cnsc incluso realizó una visita a la entidad y definió un cronograma de implementación para el proceso de transición.
Respecto a la preocupación expresada por el sindicato sobre la posible falta de experiencia de los nuevos funcionarios y el impacto en la operatividad de la entidad, las fuentes señalaron que la responsabilidad de capacitar a los nuevos servidores recae tanto en los jefes inmediatos como en los funcionarios salientes.
Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil también se pronunció sobre los cuestionamientos al concurso de méritos. Según un oficio conocido por el medio citado, la entidad negó que existan irregularidades en el proceso y defendió la rigurosidad técnica y metodológica de las pruebas aplicadas.
La Cnsc señaló que “es importante reiterar que las pruebas funcionales no están diseñadas para replicar literalmente las funciones específicas de un cargo, sino para medir competencias laborales transversales, capacidades de análisis, razonamiento técnico y conocimiento del marco institucional y normativo en el que se desempeñarán los aspirantes. Esta orientación permite garantizar que el instrumento evaluativo cumpla con los principios de mérito, pertinencia y objetividad establecidos en la Ley”.
El caso está ahora en manos del magistrado Luis Norberto Cermeño, que deberá definir si se adopta la medida cautelar solicitada por el sindicato y si se ordenan los estudios adicionales para planear la renovación del personal de manera gradual. De momento, el proceso de selección sigue su curso dentro del cronograma previsto, mientras se resuelve la solicitud judicial.