La Fiscalía General de la Nación imputó cargos el miércoles 21 de mayo de 2025 al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, por su presunta participación en una red de corrupción que involucraría a los expresidentes del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara, Andrés Calle Aguas, que habrían sido sobornados con recursos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), inicialmente por el orden de los $4.000 millones.
Según la Fiscalía, González habría impulsado prácticas ilícitas para favorecer intereses políticos del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Los delitos atribuidos incluyen cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos, pues es señalado de haber sido el que dio la orden de que se entregaran los millonarios recursos, algunos de ellos a través del papel de intermediación que habría cumplido la ex consejera para las Regiones Sandra Ortiz, privada de la libertad.
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En su argumentación, mientras estuvo en su cargo, el exfuncionario habría ordenado al entonces director de la Ungrd Olmedo López, que canalizara procesos de contratación hacia el beneficio de los congresistas Name Vásquez y Calle Aguas. Según la Fiscalía, esta acción tenía como propósito asegurar el apoyo de los legisladores para la aprobación de proyectos promovidos por el Gobierno ante el Congreso; por lo que al primero se le habrían dado $3.000 millones, y al segundo $1.000 millones más.
De acuerdo con los elementos probatorios presentados durante una audiencia ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, estos recursos habrían sido derivados de una orden de compra relacionada con el suministro de carrotanques para La Guajira, siendo esta una región con notables necesidades de acceso a agua potable. González, que era considerado del círculo cercano del jefe de Estado, y del que no se conoce su paradero, negó que fuera culpable de los punibles endilgados.
“No acepto los cargos porque son calumnias sin fundamento”, afirmó González en su defensa, en respuesta a la imputación hecha en este caso, por parte del fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, que profundizó en su imputación que la orden inicial a López, dada en una reunión en septiembre de 2023, era que se adjudicaran $70.000 millones en contratos a Name y Calle, a cambio de que respaldaran las iniciativas que cursaban a favor del Gobierno en el órgano legislativo.
“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante el mes de septiembre, usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta dirigida a Name Vázquez a una suma en efectivo de 3.000 millones de pesos y a Calle Aguas una suma de 1.000 millones de pesos, dinero que sería obtenido de recursos provenientes de la contratación de la Ungrd que Olmedo López entregaría”, detalló el fiscal, en relación con la manera en que se habría modificado la forma de compensar a los congresistas.
Iván Cancino se mostró confiado tras la audiencia de imputación de cargos a Carlos Ramón González
Tras esta diligencia judicial, el abogado defensor, Iván Cancino, entregó a Infobae Colombia su percepción sobre lo que vendrá en este caso. Y remarcó que están tranquilos frente a la imputación de la que fue objeto su defendido. “Carlos no aceptó cargos, ya teniendo las afirmaciones de la Fiscalía y algunas de ellas evidencias, refuerza nuestra tranquilidad de salir adelante en este proceso a largo plazo. Esperaremos que se dé la audiencia de medida (de aseguramiento) para hacer pronunciamientos más de fondo”, dijo Cancino.
Y, del mismo modo, el abogado ratificó que la ley habilita a su cliente a seguir compareciendo de manera virtual frente a la justicia, hasta tanto no se determine una decisión de fondo sobre si será recluido o no. “La virtualidad quedó por ley. Solo es vinculante en juicio oral. La decisión de la audiencia virtual la tomó el tribunal”, remarcó el letrado a esta redacción, frente a la consulta de si su cliente tiene dispuesto presentarse ante los organismos judiciales que llevan su caso, pues no se conoce su paradero.
Cancino, que tiene a su cargo otros casos, como el de Marelbys Meza, la exempleada de la hoy canciller, Laura Sarabia, que fue víctima de interceptaciones ilegales y de una prueba de polígrafo al parecer ilegal; y del exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, prefirió ser cauto en este caso y referirse en extenso una vez se establezcan medidas que afecten a su defendido; que deberá comparecer de nuevo el 6 de junio, a partir de las 9:00 a. m., cuando se podría determinar su suerte.