El caso de Juan Camilo Llanos, señalado como una figura clave en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), sigue sin avances judiciales significativos, a pesar de su presunta implicación en uno de los episodios más críticos de la trama.
Según la investigación, liderada por las fiscales Andrea Muñoz y Cristina Patiño, Llanos habría recibido un maletín lleno de billetes como parte de los sobornos destinados a influir en congresistas. Sin embargo, su nombre aún no ha sido objeto de imputación, mientras la Fiscalía avanza en otras líneas del caso. Así lo reportó Blu Radio, que tuvo acceso a documentos clave del proceso.
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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación sobre la red de corrupción en la Ungrd ha seguido un esquema de “pirámide inversa”, comenzando con funcionarios de nivel medio y escalando hacia altos cargos gubernamentales. Este enfoque ya ha producido resultados concretos, con varios implicados aceptando su responsabilidad y negociando acuerdos con la justicia.
Entre ellos se encuentran Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo, Luis Eduardo López Rosero y Luis Carlos Barreto Gantiva. No obstante, Llanos, que ha sido señalado como “la mano derecha” de Pinilla durante su gestión en la subdirección de la Ungrd entre 2023 y 2024, permanece al margen de las acciones judiciales.
El caso de Llanos está vinculado al contrato para el suministro de agua potable en comunidades de La Guajira, adjudicado al empresario Luis Eduardo López Rosero, conocido como “El Pastuso”. Con base en la investigación, López Rosero habría pactado una coima del 13% con Pinilla, lo que resultó en el retiro de más de $4.000 millones de una sucursal de Bancolombia en el centro comercial Unicentro, al norte de Bogotá, en los primeros días de 2024. Parte de ese dinero habría sido entregado a Llanos en un maletín, compuesto por billetes de $100.000 y $50.000, como pago de sobornos destinados a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
El principio de oportunidad negociado por López Rosero incluye menciones directas a Llanos, lo que sugiere que el empresario podría convertirse en testigo en su contra si se formaliza una imputación. Este acuerdo, que busca reducir la pena de López Rosero a cambio de su colaboración con la justicia, podría ser clave para esclarecer el rol de Llanos en la red de corrupción.
Entre tanto, la Fiscalía avanza hacia la tercera fase de su estrategia investigativa, que apunta a los niveles más altos de la estructura de corrupción. En este contexto, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefe de Inteligencia, Carlos Ramón González, –que de momento, se sabe, está fuera del país–enfrenta imputaciones por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. El Tribunal Superior de Bogotá está por definir la fecha de su audiencia, en la que la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario.
De hecho, Olmedo López y Sneyder Pinilla señalaron a González como la persona que dio la instrucción de entregar los $4.000 millones en sobornos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
El caso de Llanos, sin embargo, sigue siendo un punto pendiente en el proceso. Su presunta participación en la entrega de dinero para influir en decisiones políticas en el Congreso lo coloca en el centro de uno de los momentos más sensibles de la trama. A pesar de ello, su situación judicial permanece en el limbo, mientras otros implicados avanzan en sus negociaciones con la Fiscalía.