El fallecimiento de treinta personas en Colombia por el brote de fiebra amarilla, llevó a que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pidiera que los niños fueran vacunados contra la enfermedad, pero afirmó que la patria potestad de los menores de edad recae en el Estado cuando se trata de garantizar su derecho fundamental a la salud.
Ante estas declaraciones, se despertó una fuerte controversia, especialmente, en las redes sociales, y se desencadenó el debate sobre la potestad de los menores de edad.
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Una de las servidoras públicas que reaccionó a las palabras de Jaramillo fue Paloma Valencia, que en redes sociales estalló en contra del funcionario del Gobierno.
La senadora escribió en sus redes sociales que “uno de los temas que caracteriza la izquierda radical es su deseo de que los niños sean del Estado. Se evidencia en el adoctrinamiento escolar y las políticas que limitan la inferencia de los padres sobre sus hijos. Quieren imponerle sus valores, y tomar decisiones sobre los niños sin los padres", escribió Valencia en sus redes sociales.
Como contexto, el funcionario hizo estas declaraciones durante un consejo de ministros en el que se discutieron las medidas para enfrentar el aumento de casos de esta enfermedad viral, que entre 2024 y 2025 ha registrado sesenta contagios en el país.
El ministro enfatizó que los padres no pueden negarse a vacunar a sus hijos contra la fiebre amarilla, argumentando que, en situaciones donde se detecte resistencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) tiene la facultad de intervenir para garantizar la inmunización de los menores.
“De todo niño, niña, adolescente, menor de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, declaró Jaramillo, según consignó el medio.
Otras voces críticas al ministro Jaramillo
El representante a la Cámara Andrés Forero fue otrode los reactores, y destacó que lo mencionado por Jaramillo contraviene la legislación colombiana.
En conversación con La W Radio, señaló: “La patria potestad les corresponde a los padres, así que no se sabe de dónde saca el ministro esa barbaridad”. Según Forero, es necesario aclarar que la normativa colombiana, en específico el Código Civil, establece que los padres son quienes tienen el derecho y deber sobre sus hijos, no el Estado.
El comentario del ministro tampoco pasó desapercibido por la opinión pública, ya que Jaramillo incluso mencionó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podría tomar medidas al respecto.
Forero calificó estas declaraciones como “mentiras para intentar justificar políticas equivocadas”, según destacó el medio. Además, el congresista consideró que estas afirmaciones podrían ser una estrategia del funcionario para desviar la atención de presuntos escándalos que lo vinculan tanto a él como a su esposa en la Superintendencia Nacional de Salud.
En medio de sus críticas, Forero reconoció la importancia y la urgencia de avanzar en la inmunización para frenar el brote de fiebre amarilla, pero insistió en que no se justifica emitir mensajes erróneos o controversiales como el de Jaramillo.
“Yo entiendo que hay que incentivar la vacunación, pero eso es muy distinto a mentir sobre quién tiene la patria potestad”, comentó. En este sentido, sugirió que el gobierno implemente incentivos positivos para fomentar la vacunación y no medidas coercitivas que atenten contra los derechos de los padres.
El parlamentario también utilizó como punto de comparación episodios internacionales. Según lo recogido por La W Radio, afirmó que esta idea de que la patria potestad corresponde al Estado “solamente lo había oído en tiempos de Chávez en Venezuela, y afortunadamente allá no lo aprobaron”. Este paralelo reflejaría para Forero la gravedad de lo expresado por Jaramillo, al considerar que va en contra de principios democráticos.
Asimismo, el congresista pidió un pronunciamiento claro por parte del Icbf sobre las palabras del ministro de Salud. Afirmó que la entidad debería cumplir con su rol institucional en defensa del marco legal vigente. “La legislación es muy clara, la patria potestad corresponde a los padres, en ningún caso al Estado”, dijo.