En un panorama donde la incertidumbre económica es un tema recurrente en la conversación de los colombianos, las proyecciones de crecimiento para el país generan tanto expectativas como confusión. Mientras muchos ciudadanos sienten que la economía sigue en dificultades, los pronósticos oficiales sugieren una recuperación en el corto y mediano plazo.
Según las estimaciones del Gobierno, la economía colombiana crecerá por encima del 2,6% en 2025, cifra establecida en el Plan Financiero de este año. Sin embargo, el Banco de la República elevó su previsión hasta el 2,8%, lo que refuerza la idea de una mejora en el desempeño económico. Adicionalmente, desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) se señaló que el recaudo tributario también muestra signos positivos.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
A pesar de estos pronósticos alentadores, la realidad fiscal del país sigue siendo un tema de preocupación. El gasto público continúa aumentando, en gran parte debido a las necesidades de inversión y el funcionamiento del Estado. Al mismo tiempo, el crecimiento económico en los últimos años ha sido modesto, lo que limitó los ingresos fiscales y generó dificultades en la gestión de los recursos públicos. Como resultado, se habló de una crisis fiscal en la que gran parte del presupuesto nacional se destina al pago de deuda y gastos administrativos, dejando un margen reducido para la inversión, aspecto clave para el bienestar de la ciudadanía.
Luis Carlos Martínez, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), analizó la evolución del recaudo en 2024 y sostiene que se observa una recuperación tras la desaceleración experimentada en 2023, cuando la economía colombiana apenas creció un 0,6%. No obstante, Martínez advirtió que este repunte está vinculado con la estructura del gasto del Gobierno central, que actualmente equivale al 23,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este comportamiento del gasto público es una constante desde 2020, año marcado por la crisis sanitaria derivada de la pandemia.
En cuanto a los ingresos, el crecimiento es limitado, con un aumento de solo el 0,3%, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del país para cumplir sus metas fiscales. En los análisis realizados por el Carf, se concluye que la meta de recaudo tributario prevista en el Plan Financiero de 2025 difícilmente se alcanzará. Martínez sustentó esta afirmación con cifras concretas: “Se refleja un crecimiento del 5,2%, inferior a lo que deberíamos tener a estas alturas para cumplir la meta anual”.
Ante este escenario, la necesidad de un ajuste fiscal se vuelve imperativa. De acuerdo con las estimaciones del Carf, este ajuste debería ser del 2,6% del PIB, lo que equivale a unos 46 billones de pesos. La directora del organismo enfatizó que uno de los principales retos es flexibilizar el gasto público, ya que actualmente muchas de estas erogaciones están protegidas por disposiciones legales y constitucionales.
Esto significa que el margen de maniobra para reducir el déficit fiscal es muy limitado, lo que obliga a buscar alternativas que permitan optimizar el uso de los recursos disponibles sin comprometer sectores clave como la salud, la educación y la inversión en infraestructura. “Son temas que solo se pueden modificar por ley o por la Constitución”, recordó, con referencia a la dificultad de realizar cambios estructurales en la política de gasto del país.
Finalmente, Martínez hizo un llamado a mejorar las relaciones entre el Gobierno y el Congreso para impulsar reformas necesarias en el ámbito fiscal. “Que mejore la miel entre el Gobierno y el Congreso para poder hacer cosas desde ya y no esperar hasta 2026″, recomendó, señalando la urgencia de adoptar medidas en el presente para evitar problemas fiscales más graves en el futuro.