En una alocución presidencial que generó un intenso debate político, el presidente Gustavo Petro anunció el martes 11 de marzo de 2025 su decisión de convocar a una consulta popular.
Según señaló el presidente, el objetivo es que sea la ciudadanía la que determine el rumbo de la reforma laboral y la reforma a la salud, temas que estaban siendo revisados por la Comisión Séptima del Senado. Este anuncio se produce tras la firma de la ponencia de archivo de la reforma laboral por parte de ocho congresistas.
Una de las personas que contestó al anuncio del jefe de Estado, fue el abogado Abelardo de la Espriella, que además de cuestionar la consulta popular, aseguró que el presidente quiere aprovecharla para “meter el mico de la constituyente”.
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El abogado Abelardo De La Espriella reaccionó al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria de una consulta popular. De la Espriella cuestionó que se pueda tramitar un proyecto de ley mediante este mecanismo, argumentando que no es una vía adecuada para ello.
Además, el abogado expresó su preocupación por lo que consideró un intento del presidente de aprovechar la situación para impulsar una asamblea nacional constituyente, la cual sugirió el presidente Petro en 2024, en su opinión, con la intención de “aferrarse al poder”.
De la Espriella destacó que, para lograr esto, Petro necesitaría una gran cantidad de votos “que no posee”.
“No la tiene fácil el Jefe de la Mafia @petrogustavo. Para empezar, un proyecto de ley no puede tramitarse a través de una consulta popular. El guerrillero impune quiere aprovechar la coyuntura para meter el mico de la Constituyente, que le permitiría aferrarse al poder al mejor estilo de su amigo Hugo Chávez. Sin embargo, necesita un potosí de votos con los que no cuenta”, dijo De la Espriella en su publicación de X.
De La Espriella comparó la situación actual con la derrota del plebiscito promovido por el expresidente Juan Manuel Santos, recordando cómo, en su opinión, Álvaro Uribe Vélez logró derrotar a Santos en ese proceso. Según el abogado, si eso fue posible en el pasado, “¿por qué habría de quedarnos grande esta nueva batalla?”
“¡Ya basta de aceptarle amenazas a ese miserable! Que salga a la calle, que los patriotas también lo haremos. Si el presidente @AlvaroUribeVel, montado en una canasta de Manzana Postobón y con un megáfono viejo, recorriendo toda Colombia, derrotó el plebiscito del tartufo Santos —que tenía toda la plata del mundo y todos los politiqueros de su lado—, ¿por qué habría de quedarnos grande esta nueva batalla? Es hora de pararnos firmes: a los bandidos hay que enfrentarlos con valor, coraje y determinación ; eso es lo único que los detiene. (A.D.L.E) “, aseveró el abogado en su post de la red social antes mencionada.
En cuanto al presidente Petro en su alocución luego del archivo de la reforma laboral comentó lo siguiente: “El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular y al bloqueo institucional se le responde con democracia real, y la democracia real la decide el pueblo. La participación de la ciudadanía, ya que sus representantes no fueron capaces de hacer eco de su voz en las elecciones del año 2022″.
El presidente Gustavo Petro explicó que dicha medida está destinada a acelerar la discusión y aprobación de dos de sus principales propuestas, las cuales corrían el riesgo de ser rechazadas en el Congreso. Insistió en que el Senado debe tomar una decisión sobre estas reformas dentro de un mes, para que, en un plazo máximo de 90 días, se someta a la decisión final de los ciudadanos mediante el voto.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la consulta popular es un instrumento de participación ciudadana que permite a los ciudadanos decidir sobre asuntos importantes para la comunidad en diversos niveles, ya sea nacional, departamental, municipal, distrital o local. En este caso, el presidente es quien ha convocado la consulta, con el objetivo de que sean los votantes quienes tomen una decisión sobre un tema específico. Sin embargo, expertos en derecho han señalado que el presidente no tiene la autoridad para aprobar leyes a través de este mecanismo.