Un enfrentamiento ocurrido el pasado 24 de febrero en el pabellón femenino de la cárcel El Pedregal, en Medellín, dejó al menos 30 mujeres heridas, algunas de ellas con lesiones graves.
Según informó la Procuraduría General de la Nación, las afectadas denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias del penal, que habrían empleado gases lacrimógenos y golpes durante el incidente.
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Este hecho, sumado a dos presuntos casos de violencia sexual registrados en 2024, llevó a la Procuraduría a exigir explicaciones al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a tomar medidas para garantizar los derechos de las mujeres privadas de la libertad.
De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones sobre los presuntos casos de violencia sexual revelaron que las víctimas fueron trasladadas a otros centros penitenciarios para su protección mientras se adelantan los procesos correspondientes.
En respuesta a estos hechos, el subdirector del penal, que ejercía como director encargado en el momento de los incidentes, fue destituido de su cargo. Por su parte, el director en propiedad fue trasladado a un puesto similar en la cárcel de Yarumal, en el departamento de Antioquia.
Durante una visita de verificación realizada por una comisión de la Procuraduría a la cárcel El Pedregal, se identificaron múltiples irregularidades en la atención a las mujeres afectadas.
Según detalló la Procuraduría, algunas de las heridas graves no fueron remitidas a instituciones de salud externas, lo que pone en riesgo la recuperación de las privadas de la libertad. Además, se constató que las labores de custodia y vigilancia en el pabellón femenino son realizadas por hombres, una situación que ha generado preocupación debido a las implicaciones que esto podría tener en la seguridad y bienestar de las internas.
Otro hallazgo relevante es que la Policía Judicial del Inpec no habría tomado las denuncias de las mujeres tras los hechos ocurridos, a pesar de haber sido requerida su presencia. Esta omisión ha sido señalada como un obstáculo para el avance de las investigaciones y para la garantía de justicia en estos casos.
En una reunión de alto nivel entre la Procuraduría, el Inpec y la Defensoría del Pueblo, se acordaron varias acciones para abordar las problemáticas identificadas en El Pedregal.
Entre las medidas anunciadas, se encuentra la agilización de las remisiones médicas para las mujeres afectadas, la garantía de que la Policía Judicial tome las denuncias correspondientes y el traslado de un contingente de 40 guardianas para asumir las labores de custodia en el pabellón femenino.
En cuanto a los guardianes presuntamente responsables de los casos de violencia sexual, la Procuraduría informó que se encuentran en proceso de traslado a otros penales mientras avanzan los procesos disciplinarios internos. Estas acciones buscan garantizar la integridad de las víctimas y evitar posibles represalias.
Desde enero de 2024, la Regional Antioquia del Inpec inició una indagación previa sobre los presuntos hechos de violencia sexual. Según reportó la Procuraduría, toda la información recaudada será remitida al eje disciplinario de la entidad para que, en el desarrollo de sus competencias, se adopten las decisiones correspondientes. Asimismo, se investigará el presunto uso excesivo de la fuerza durante el enfrentamiento del 24 de febrero, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
La Procuraduría reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y ha instado al Inpec a implementar medidas efectivas para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza. La situación en la cárcel El Pedregal resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en los centros penitenciarios del país, especialmente en lo que respecta a la atención y protección de las mujeres internas.
La cárcel El Pedregal, ubicada en Medellín, ha sido objeto de múltiples denuncias en los últimos años relacionadas con el trato a las personas privadas de la libertad. Los recientes casos de violencia sexual y el enfrentamiento entre las internas y los guardias han generado preocupación entre las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Estos hechos reflejan una problemática más amplia en el sistema penitenciario colombiano, caracterizado por el hacinamiento, la falta de recursos y las deficiencias en la atención a las necesidades básicas de los internos. La Procuraduría ha señalado que es fundamental garantizar que las investigaciones en curso se lleven a cabo de manera rigurosa y que se adopten medidas estructurales para prevenir la repetición de estos incidentes.
La atención a esta crisis no solo es una cuestión de justicia para las víctimas, sino también un paso necesario hacia la construcción de un sistema penitenciario que respete los derechos humanos y promueva la rehabilitación de las personas privadas de la libertad.