La reforma a la salud que busca impulsar el Gobierno nacional y que está siendo discutida en la Cámara de Representantes en medio de sesiones extraordinarias, sigue generando división en el Congreso. Durante la sesión de debate llevada a cabo el 13 de febrero de 2025, la representante Catherine Juvinao mostró su postura en contra de la iniciativa.
De acuerdo con la congresista, el Ministerio de Salud y Protección Social debe, primero, hacer un reajuste en la unidad de pago por capitación (UPC), antes de que se tramite la reforma. Pues, según explicó, la Corte Constitucional aseguró en el Auto 007 de 2025 que hubo un “rezago” en los recursos asignados para 2021, 2022 y 2023. En consecuencia, ordenó su reajuste.
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Juvinao propuso, entonces, que la cartera haga un traslado de dinero para cumplir con lo ordenado por el alto tribunal. Se trata de pasar $2,7 billones del rubro de Apoyo a programas de la Ley 100 al rubro de Aseguramiento en Salud. Según la representante, el traspaso de los recursos permitiría garantizar la atención en salud de los ciudadanos, teniendo en cuenta que las EPS han denunciado falta de dinero por concepto de UPC para cumplir con sus funciones.
“Si no hacen eso, este Congreso, por responsabilidad, no debe tramitar ninguna reforma a la salud”, advirtió.
Además, afirmó que el Gobierno nacional sí cuenta con suficiente dinero para aumentar la UPC. Pues, el presupuesto para la salud pasó de $59 billones a $65 billones en 2025. De igual manera, el rubro de funcionamiento quedó establecido en $63 billones, cuando antes era de $57 billones; y el de aseguramiento pasó de $35 billones a $38 billones.
“Este gobierno le ha dicho de manera deshonesta al país que no tiene recursos para ajustar la UPC y que entre otras cosas no tiene recursos para ajustar la UPC por culpa del Congreso que no le aprobó la segunda reforma tributaria (...). Eso es absolutamente falso”, aseveró.
Pese al incremento en el presupuesto, la UPC para 2025 no “creció”. El Ministerio de Salud hizo el cálculo basado en los estados financieros entregados por las EPS, y determinó un aumento del 5,36%, considerado insuficiente por varios actores del sistema. Incluso, la misma Corte Constitucional ordenó su reajuste.
Contrario a ese rubro, el de Apoyo a programas de la Ley 100 fue aumentando de manera paulatina, hasta llegar a $4,3 billones en 2025. Parte de ese dinero, entonces, podría ser utilizado para reajustar el “rezago” confirmado por la Corte Constitucional en el auto.
Al mismo tiempo, se estaría dando un uso claro a los recursos: “Esas platas en el rubro se están perdiendo porque de 44 hospitales que tenían que construir, la mayoría van en 0% y los equipos básicos de salud, que supuestamente se están financiando de ese rubro, pues no se sabe dónde están”, detalló la funcionaria.
Según denunció, hasta el momento se desconoce la ubicación de casi 10.000 equipos básicos de salud organizados para atender a la ciudadanía en sus comunidades. Pero, de acuerdo con la cartera, los equipos, conformados por auxiliares y profesionales en enfermería, medicina y psicología, ya están haciendo presencia en todos los municipios del país.
La congresista también aseguró que no hay claridad sobre el costo de los equipos en cuestión. No obstante, en junio de 2023, el ministerio asignó $513.000 millones a las Empresas Sociales del Estado (ESE) para la conformación y operación de los equipos básicos. Con ellos, se busca incrementar la prevención de enfermedades en las poblaciones más apartadas del país.
“Los recursos se girarán a cada una de las ESE y a estas le corresponderá contratar el talento humano organizado en equipos multidisciplinarios, motivado, suficiente y cualificado”, explicó la cartera en un comunicado.