En un ambiente político tenso y marcado por la proximidad de las elecciones presidenciales de 2026, el Ministerio de Justicia se prepara para presentar una serie de reformas legislativas que se consideran fundamentales para la agenda de gobierno del actual mandato.
En este contexto, la ley de sometimiento a la justicia, uno de los proyectos más debatidos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se perfila como una de las iniciativas clave para la agenda legislativa. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, confirmó la posible fecha en la que se radicará este proyecto, lo que podría convertirse en un hito dentro del proceso de implementación de la política de Paz Total del gobierno.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
Buitrago explicó que este proyecto ha sido objeto de varios debates, pero sigue siendo una de las prioridades del gobierno. Según indicó, en entrevista con El Tiempo, el proyecto se encuentra “en construcción” y aún está siendo discutido con diversos sectores, incluidos los responsables de las mesas de diálogo con las bandas criminales y grupos armados ilegales. La ministra también enfatizó que este proceso cuenta con la participación del presidente de la República y del comisionado de Paz, quienes lideran las conversaciones con los actores armados.
El concepto de la ley de sometimiento tiene como objetivo la incorporación de los grupos armados ilegales en un proceso de desmovilización y sometimiento a la justicia, bajo los términos de la política de Paz Total que busca poner fin al conflicto armado en Colombia. “Nuestra intención es construir marcos adecuados que estén alineados con lo que establece la ley de Paz Total, ya sea en términos de desmantelamiento o sometimiento”, afirmó la ministra al medio citado.
Buitrago aclaró que, a pesar de que el tema sigue siendo de interés del gobierno, el marco legislativo definitivo aún está en proceso de construcción y se está trabajando de manera conjunta con otros actores involucrados en el proceso de paz. Sin embargo, aseguró que uno de los puntos clave de esta ley será evitar la creación de una “justicia transicional especial” para cada grupo armado, lo que podría generar confusión y duplicidad en los procesos judiciales. En cambio, se busca establecer un marco ordinario que permita una respuesta adecuada para los casos fuera del marco temporal de la Ley de Justicia y Paz.
Dado que la propuesta ha sido recibida con escepticismo por algunos sectores de la sociedad, que temen que los grupos armados ilegales puedan obtener beneficios excesivos a cambio de someterse a la justicia, l la ministra subrayó que, aunque el proceso está en marcha, el gobierno está comprometido con garantizar que el sometimiento a la justicia se realice de manera efectiva y con un marco legal claro y robusto: “Lo que tenemos claro es que ni la JEP ni la Justicia y Paz pueden actuar en hechos fuera del marco temporal. Por lo tanto, es necesario tener una respuesta adecuada para esos casos”, puntualizó.
Según Buitrago, la ley de sometimiento a la justicia será presentada como un borrador en la segunda mitad de 2025, con el objetivo de que sea discutida en el Congreso de la República y eventualmente convertida en ley.
Otros avances en la agenda legislativa
Según declaró la ministra a El Tiempo, la cartera de Justicia se encuentra a punto de concluir la reforma al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la cual, según ella, ha sido diseñada con el objetivo de crear un sistema restaurativo que permita a los jóvenes infractores asumir su responsabilidad de manera consciente y reparar los daños causados. Este proyecto tiene un enfoque innovador que busca adaptarse a las particularidades de los adolescentes, considerando su proceso de madurez y desarrollo.
En este sentido, Buitrago destacó la importancia de que el sistema de justicia para menores no sea el mismo que el de los adultos, argumentando que la justicia restaurativa debe primar en estos casos para garantizar la rehabilitación efectiva de los infractores y el respeto por los derechos de las víctimas. La radicación de este proyecto está prevista para febrero de 2025, si se cumplen los plazos establecidos y no surgen obstáculos adicionales.
Otro de los proyectos que se encuentra en proceso de discusión es la reforma a la justicia, que abarca temas fundamentales como la jurisdicción agraria y la reforma laboral. En cuanto a este último, la ministra subrayó que ya está listo para ser sancionado por el presidente, mientras que otras reformas, como la relacionada con la justicia familiar y la conciliación, ya están en marcha.