El reciente hallazgo de restos humanos en La Escombrera, un vertedero ubicado en la Comuna 13 de Medellín, ha confirmado las denuncias de desapariciones forzadas ocurridas en la zona durante los años más cruentos del conflicto armado colombiano.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, calificó los descubrimientos como “una derrota aplastante al negacionismo”, subrayando que los restos hallados son prueba irrefutable de los crímenes cometidos en el marco de la Operación Orión de 2002.
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Las excavaciones, retomadas en julio de 2024, han permitido identificar restos correspondientes a al menos tres personas, tras remover alrededor de 39.000 metros cúbicos de tierra en el sitio.
La Escombrera, un lugar señalado durante décadas por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, ha sido identificado como un posible cementerio clandestino donde se habrían arrojado hasta 500 cuerpos, especialmente tras la intervención militar que buscaba erradicar la presencia de grupos armados ilegales.
La noticia de los hallazgos ha sido recibida con alivio por las “madres buscadoras”, quienes han liderado la lucha por localizar a sus seres queridos desaparecidos en la Comuna 13.
De acuerdo con El Colombiano, estas mujeres, que han enfrentado durante más de 20 años el escepticismo y el negacionismo institucional, celebraron que las pruebas encontradas validen sus denuncias y pongan en evidencia la responsabilidad del Estado y los grupos paramilitares en estos crímenes.
Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, destacó el 18 de diciembre como un “hito” en la búsqueda de la verdad y la justicia, señalando que este descubrimiento reafirma la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la región. Marín también llamó a la reconciliación y a la no repetición, haciendo un llamado a no dividir al país en torno a los hallazgos.
La Operación Orión, ejecutada en 2002, ha sido un tema de controversia debido a su vinculación con el Bloque Cacique Nutibara, un grupo paramilitar que actuó en colaboración con las fuerzas militares del Estado.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta operación estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados.
La JEP anunció que en el proceso de investigación se citará a declarar a diez personas vinculadas a estos crímenes, buscando esclarecer la identidad de las víctimas y los responsables. Alejandro Ramelli reafirmó que estos hallazgos son solo el comienzo y que el trabajo para esclarecer la verdad continuará en los próximos meses.
Álvaro Uribe defendió la Operación Orión en un reciente comunicado
El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha reaccionado con críticas a los recientes avances en la investigación sobre La Escombrera, acusando al gobierno de Gustavo Petro y a la JEP de utilizar la búsqueda de desaparecidos con fines políticos.
Uribe señaló que, con las elecciones acercándose, el gobierno busca afectar su imagen y la de su administración, al considerar que estas investigaciones están siendo manejadas con un trasfondo político.
En un comunicado, el expresidente defendió la Operación Orión, realizada en 2002, señalando que fue una acción conjunta entre varias instituciones del Estado para recuperar el control de la Comuna 13, que en ese momento estaba en manos de grupos armados ilegales.
“Orión fue ejecutada en forma conjunta por Policía, Ejército, Gaula, DAS, CTI, Fiscalía, Procuraduría y la Alcaldía de Medellín. Eso no fue que llegó el Ejército aquí invasor”, afirmó Uribe.
Uribe también acusó a la JEP de mostrar indulgencia hacia los grupos armados ilegales y de mantener un sesgo en contra de los militares y su gobierno.
Además, defendió que durante su mandato nunca apoyó la impunidad, recordando que la comunidad había señalado que La Escombrera fue utilizada como depósito de cadáveres mucho antes de su gobierno.
El presidente Gustavo Petro respondió rápidamente, señalando que las fuerzas encargadas de la Operación Orión estaban infiltradas por el paramilitarismo y que, aunque se lograron decomisos de armas y capturas de criminales, los paramilitares consolidaron su control en la zona tras la intervención, lo que resultó en la desaparición de más de 500 personas y el desplazamiento de miles de habitantes.