Una de las secuelas más cruentas de la guerra ha sido el despojo de tierras y el desplazamiento forzado. Por ello, el Estado se ha dado a la tarea y el deber de la restitución de miles de hectáreas a lo largo y ancho del territorio nacional a víctimas del conflicto armado.
Según cifras oficiales, solamente en Apartadó (Antioquia), más de 14.000 hectáreas han sido restituidas por la Dirección Territorial de Apartadó a través de 507 sentencias.
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En este contexto, el equipo de Asuntos Étnicos de Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras presentó una demanda que busca devolver las tierras a más de 400 personas pertenecientes a 200 familias del Resguardo Indígena Yarumal y El Barraco.
Jose Alberto Kunzell, director territorial de restitución en Apartadó, explicó que la demanda pretende formalizar el territorio de esta comunidad, que abarca más de 5.000 hectáreas en Riosucio (Chocó). Además, se busca fortalecer la Guardia Indígena y desarrollar un plan de reparación colectiva. “Queremos que se garantice el uso del territorio de acuerdo a las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas de la zona del Urabá y el Darién”, afirmó Kunzell, en declaraciones citadas por Blu Radio.
De acuerdo con lo expuesto por la entidad, estas comunidades indígenas han sido víctimas de desplazamiento, homicidio, reclutamiento forzado, siembra de minas, secuestros y bombardeos por parte de grupos armados durante más de 30 años. Por ello, la demanda busca una reparación integral para estas personas, quienes han sufrido violencia por parte de paramilitares, la antigua guerrilla de las Farc e incluso el Ejército Nacional.
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Cabe señalar que, el equipo de Asuntos Étnicos ha realizado al menos cuatro caracterizaciones y demandas que benefician a comunidades ancestrales en Murindó y Belén de Bajirá. Estas acciones, según indican, son parte de un esfuerzo continuo para “devolver tierras a las comunidades indígenas y asegurar su derecho a vivir en sus territorios originarios”.
Comunidad afro recuperó más de 26.000 hectáreas en Cauca
La restitución de tierras en Cauca dio un paso significativo con la entrega de 26.807 hectáreas al Consejo Comunitario Río San Francisco en el municipio de Guapi. Esta acción, llevada a cabo por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), busca reparar los derechos étnico-territoriales de las comunidades afrocolombianas “afectadas por el desplazamiento y la violencia en la región”, según informó la entidad el martes 5 de noviembre.
El director general de la URT, Giovani Yule, hizo parte del acto de entrega y destacó que esta sentencia es un reflejo del compromiso del gobierno con las comunidades más vulnerables del país. “Nuestra misión está en los territorios y así lo estamos demostrando”, afirmó Yule durante la ceremonia.
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El fallo, emitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán, además de devolver las hectáreas de tierra a las comunidades afrodescendientes, también impuso 40 órdenes de cumplimiento a 30 entidades del Estado, con las que se busca garantizar la reparación integral de los derechos de la comunidad, reconocer su estatus de víctimas y proteger el territorio frente a amenazas futuras.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la elaboración de un plan de trabajo para evaluar las condiciones de salud actuales de la población, establecer acuerdos de ocupación productiva sostenible y analizar los impactos de la aspersión de glifosato en la zona. Además, se han establecido medidas de protección para el Consejo Comunitario Río San Francisco y sus líderes, quienes han sido objeto de amenazas.
La sentencia también ordena remitir copias a la Fiscalía General de la Nación para iniciar investigaciones que busquen judicializar a los responsables de los actos de violencia y desplazamiento que han afectado a la comunidad a lo largo de los años.
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