El Laboratorio de Gobierno (GovLab) de la Universidad de La Sabana, utilizando datos del Sieco de la Policía Nacional, ha puesto en evidencia una de las panorámicas más completas sobre la situación de delitos sexuales en Colombia.
Según el análisis, el 1 de noviembre es una de las fechas más críticas en cuanto a la incidencia de delitos sexuales en el país, solo superada por el 1 de enero. En esta fecha, coincidiendo con celebraciones cercanas como Halloween y el Día de los Muertos, se observa un alarmante aumento en los casos de abuso, especialmente en menores de edad.
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Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2021 se registraron 67 casos, mientras que en el mismo día de 2022 hubo 52 casos reportados, y en 2023, se contaron 60 incidentes de abuso sexual. Según Omar Oróstegui, director del GovLab, “los menores tienden a estar más expuestos para el Halloween, una fecha donde hay más consumo de alcohol en los hogares, más presencia de violencia intrafamiliar y más probabilidades de abuso por parte de un pariente o amigo cercano a la familia”, subrayando el riesgo latente que estas festividades representan para los niños y adolescentes en el país.
Aumento de casos en 2024: una tendencia preocupante
El análisis revela que en el periodo de enero a mayo de 2024, los delitos sexuales aumentaron un 10% respecto al mismo periodo en 2023, lo cual se traduce en 1.239 casos adicionales. Así, mientras en los primeros cinco meses de 2023 se reportaron 10.463 casos de abuso sexual, en 2024 la cifra ascendió a 11.702. Este aumento es particularmente grave considerando que el 80% de las víctimas son mujeres, y que los delitos contra menores de edad continúan siendo altos.
La profesora Johana Romero, de la Facultad de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de La Sabana, advierte sobre el impacto prolongado de estos delitos en las víctimas, quienes, en muchos casos, no reciben el tratamiento adecuado y pueden desarrollar patrones de comportamiento abusivo. Según Romero, “aunque la ley ha cambiado, no hay una caducidad efectiva del delito, los procesos judiciales son largos y desalentadores, lo que lleva a la falta de sanciones contundentes”.
Aumento de denuncias en hombres
Otro de los puntos abordados en el informe es el incremento en las denuncias de violencia sexual por parte de hombres. En 2014, se reportaron 1.714 casos de abuso sexual contra hombres, mientras que en 2023, la cifra aumentó a 4.935. Esta alza se atribuye en parte a una mayor disposición de los hombres para denunciar, lo cual refleja un cambio en la percepción cultural sobre la violencia sexual masculina. “Hoy por hoy, muchas interacciones no ponen límites claros, y esto está perpetuando prácticas abusivas. Gracias a campañas de sensibilización, los hombres empiezan a sentirse respaldados para denunciar, lo cual es un avance”, explica la doctora Romero.
Además, la pandemia del covid-19 marcó un antes y un después en el número de casos reportados. Durante el confinamiento, las víctimas se vieron expuestas a sus agresores en el entorno doméstico, lo que provocó un incremento en los abusos. Según el informe, en 2014 se reportaron 12.769 casos de abuso sexual, mientras que en 2019, la cifra había subido a 38.128, de los cuales, 16.030 afectaron a menores. Aunque los números disminuyeron en los años posteriores, el impacto de la pandemia continúa siendo visible en la persistencia de la violencia sexual en el hogar.
Un desafío urgente para las políticas públicas
Los datos subrayan una necesidad crítica de intervención en salud pública y educación para mitigar estos delitos y brindar apoyo efectivo a las víctimas. Desde 2010 hasta mayo de 2024, el Siedco ha reportado aproximadamente 333.000 casos de abuso sexual en Colombia. Los menores de 14 años representan el 31.63% de las víctimas para 2023, mientras que el 39.66% de los casos afecta a adultos.
El informe también identifica las zonas con mayores tasas de violencia sexual, destacando a las capitales amazónicas como las regiones más afectadas. Leticia, en Amazonas, tiene la tasa más alta del país, con 271.6 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de San José del Guaviare y Mocoa.
La doctora Romero enfatiza que para reducir estos delitos es necesario que diferentes sectores trabajen de manera interdisciplinar. “Es fundamental que las intervenciones se basen en evidencia y que las campañas de prevención tengan directrices claras. Muchas decisiones no parten de un análisis exhaustivo y terminan perpetuando prácticas que atentan contra los derechos de los más vulnerables”.
Para acceder a la herramienta con los datos completos, puede acceder aquí.