La Universidad Nacional de Colombia enfrenta un desafío significativo tras la pérdida de una donación de 12,4 millones de euros destinada a la construcción de su sede en Tumaco, Nariño.
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Según denunció Leider Alexandra Vásquez Ochoa, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, los fondos provenientes de una ONG de los Países Bajos están en riesgo debido a la gestión deficiente de administraciones anteriores y la implicación de contratistas cuestionados.
La congresista Vásquez destacó que estos contratistas tienen vínculos con Emilio Tapia, un conocido implicado en casos de corrupción. El Consorcio Serco Tumaco, compuesto por Compuser SAS, AZ Civil SAS y Turpial Ingeniería SAS, fue señalado por Vásquez como el grupo que pretendía hacerse con el contrato millonario.
Compuser SAS se encuentra en proceso de reorganización por insolvencia, mientras que AZ Civil SAS ha sido asociada con proyectos fallidos en Valledupar y tiene conexiones con socios de Emilio Tapia. Por su parte, Turpial Ingeniería SAS está vinculada al escándalo de Centros Poblados, donde se desviaron 70 mil millones de pesos del Ministerio TIC.
Durante la administración de la exrectora Dolly Montoya, se firmó un contrato con Miroal SAS que resultó en incumplimientos contractuales. Vásquez también mencionó que, al final de la gestión de Montoya y durante el breve periodo del rector José Ismael Peña, se inició otro proceso de contratación que favoreció a una unión temporal con antecedentes preocupantes.
La congresista Vásquez expresó su preocupación por la gestión de estos recursos e instó a la Universidad Nacional, al Ministerio de Educación y a los Países Bajos a trabajar juntos para asegurar que el proyecto continúe sin la participación de empresas cuestionadas. Además, enfatizó la importancia de este proyecto para los estudiantes del Pacífico colombiano y la necesidad de evitar que intereses corruptos se beneficien de él.
Este caso pone de relieve las dificultades que enfrenta la Universidad Nacional en su intento de expandir su presencia en regiones como Tumaco, donde la educación superior es crucial para el desarrollo local. También subraya la necesidad de una gestión más transparente y responsable de los recursos destinados a proyectos educativos.
Nacional en su intento de expandir su presencia en regiones como Tumaco, donde la educación superior es crucial para el desarrollo local. La situación también subraya la necesidad de una gestión más transparente y responsable de los recursos destinados a proyectos educativos.
Emilio Tapia propone devolver millones para reducir su condena en el caso Centros Poblados
Emilio Tapia, un contratista involucrado en el escándalo de Centros Poblados, ha propuesto devolver 5.063 millones de pesos a la Fiscalía General de la Nación como parte de un preacuerdo que podría reducir su condena.
Este caso, conocido también como el caso MinTic, se centra en la desaparición de 70.000 millones de pesos destinados a conectar 15.000 centros digitales en zonas rurales de Colombia. Tapia, quien ha estado en prisión desde octubre de 2021, busca así una nueva oportunidad ante la justicia.
El anuncio de este posible acuerdo llega poco después de que la Procuraduría General de la Nación exonerara a Karen Abudinen, exministra de las TIC, de cualquier responsabilidad en el desfalco. La Procuraduría concluyó que Abudinen no participó en la estructuración del proyecto ni en la adjudicación de la licitación, lo que generó controversia en el país.
Emilio Tapia es señalado como uno de los principales implicados en el desfalco, manejando tres de las cuatro empresas que formaron la Unión Temporal Centros Poblados. Según la revista Cambio, Tapia busca reducir su condena en la cárcel El Bosque de Barranquilla mediante la devolución del dinero que, según la Fiscalía, se apropió de manera indebida.
El caso Centros Poblados ha sido uno de los más sonados en Colombia, no solo por el monto involucrado, sino también por las implicaciones políticas y sociales que ha tenido. La propuesta de Tapia de devolver parte del dinero podría ser un paso significativo en la resolución del caso, aunque aún queda por ver si la Fiscalía aceptará el acuerdo y en qué términos.
La situación de Tapia y su intento de acuerdo con la Fiscalía reflejan la complejidad de los procesos judiciales en casos de corrupción en Colombia, donde las negociaciones y preacuerdos son comunes en la búsqueda de justicia y reparación.