En la mañana del jueves 10 de octubre, el representante a la Cámara, Hernán Cadavid, del partido Centro Democrático, radicó ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley que le pondría un “tatequieto” a las falsas acusaciones que hacen los líderes políticos en sus redes sociales.
La iniciativa consiste en que, además de la retracción pública a la que obliga la justicia colombiana cuando los casos llegan a los estrados, los señalados de cometer injuria y calumnia deban pagar una sanción económica que podría oscilar entre los dos y los trece salarios mínimos, según la gravedad de la acusación.
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“Acabamos de radicar un proyecto que tiene como propósito terminar con esa mala costumbre, que es instrumento de un sector de la vida política nacional o de la sociedad, de utilizar la difamación, destruir la honra y el buen nombre de los demás. Luego, en cualquier retractación, muchas de ellas por allá a la una o dos de la mañana, hacen cuenta que nada sucedió”, señaló el representante Cadavid.
Con la iniciativa, se modificaría el artículo 255 la ley 599 de 2000, que excluye a los señalados de injuria y calumnia de cualquier tipo de sanción si opta por la retracción voluntaria antes de iniciar un proceso judicial. “Incorporamos este elemento de la sanción en favor del Estado, en los términos de la persona que se retracta en los delitos de injuria y calumnia. La persona que injurie o calumnie, aun cuando no sea condenada en el momento de retractarse, tendrá que contribuir con una sanción, entre dos y 13 salarios mínimos”, señaló Cadavid.
Según señaló el senador del Centro Democrático, los fondos recaudados de las sanciones, que podrían llegar hasta los 17 millones de pesos, serán destinados para fortalecer las campañas de prevención del delito y el sistema carcelario del país, según lo dictamina el artículo 42 de la ley 599 de 2000.
“No puede seguir haciendo carrera la destrucción de la honra y el buen nombre de los demás y hacer de cuenta que nada sucedió, por lo que avanzamos con este proyecto en el Congreso de la República”, concluyó el representante a la Cámara.
Hernán Cadavid celebró fallo de la Corte que impide que el Instituto Nacional de Vías Regionales contrate con organizaciones sociales
El Congresista Hernán Cadavid, del partido Centro Democrático, celebró la decisión de la Corte Constitucional de anular el artículo 35 del decreto del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), que permitía al gobierno contratar directamente con organizaciones sociales. Según informó Infobae, Cadavid fue quien interpuso la demanda que resultó en esta resolución, argumentando que el decreto facilitaba la contratación directa por parte del gobierno de Gustavo Petro, lo que él consideraba una forma de “contratar a dedo”.
La decisión de la Corte fue vista como una victoria por Cadavid, quien expresó su satisfacción a través de su cuenta en la red social X, destacando que la medida impedía al presidente utilizar el decreto como un medio para evadir la ley de contratación. “¡LO LOGRAMOS! La @CConstitucional tumba art 35 del Dcto INVIR que permitía contratación multimillonaria con supuestas ‘organizaciones sociales’ burlando la ley de contratación”, escribió el congresista.
El artículo 35 del decreto del Invir había sido objeto de controversia, ya que permitía al Gobierno establecer contratos directos con organizaciones sociales, una práctica que, según Cadavid, podría ser utilizada para eludir los procedimientos de contratación establecidos por la ley. La Corte Constitucional, al declarar inexequible este artículo, respaldó la postura del congresista y de otros críticos que veían en el decreto una potencial herramienta para prácticas poco transparentes.
Cadavid, quien forma parte de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ha sido un crítico constante de las políticas del Gobierno de Petro, y esta victoria legal refuerza su posición dentro de la oposición. La decisión de la Corte se suma a una serie de desafíos legales y políticos que el Gobierno enfrenta en su intento de implementar reformas y políticas que han sido objeto de debate en el país.
La anulación del artículo 35 representa un revés para el gobierno de Petro, que deberá buscar otras vías para colaborar con organizaciones sociales en el marco de la ley de contratación vigente. Este caso subraya las tensiones entre el gobierno y la oposición en torno a la transparencia y la legalidad de los procesos de contratación pública en Colombia.