La venta de UNE Telecomunicaciones ha generado un debate importante en Colombia, donde algunas voces la respaldan mientras otras la critican abiertamente. Un ejemplo destacado es el del senador Álex Flórez, quien emprendió acciones judiciales para frenar el proceso de enajenación que se discutía en el Concejo de Medellín. A pesar de sus esfuerzos, el Concejo aprobó la venta sin mayores contratiempos.
Flórez presentó una tutela ante el Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, con la intención de proteger el patrimonio público, pero la acción fue declarada improcedente.
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El documento del juzgado, conocido por la Revista Semana, señala que Flórez argumentó que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había impulsado un proyecto para vender las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
El senador criticó que el Concejo no había solicitado la información necesaria para un debate adecuado, lo que podría generar un riesgo significativo para el patrimonio público.
En el texto judicial se lee: “Manifiesta la parte actora que el alcalde de Medellín, el señor Federico Gutiérrez, presentó proyecto ante el Concejo de Medellín, a fin de que se pudiesen vender las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Que el Concejo no ha exigido la información necesaria para dar tener un debate suficiente al respecto, ocasionando así un riesgo inminente”.
Además, Flórez insistió en que la falta de participación ciudadana en el proceso podría afectar gravemente el patrimonio de la ciudad.
Sin embargo, el juzgado falló en contra de esta petición, asegurando que la tutela no cumplía con los requisitos legales para proceder. En su análisis, el juzgado concluyó que no se había demostrado una legitimación adecuada en la causa, lo que resultaba en la improcedencia de la acción judicial. La decisión puede ser impugnada dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, según lo estipulado por el Decreto 2591 de 1991.
Por otro lado, una segunda acción judicial también fue interpuesta por Flórez ante el Juzgado 71 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá. Al igual que la primera, esta acción también fue declarada improcedente. En la decisión emitida el 6 de septiembre, el juzgado declaró: “Declara improcedente el amparo de los derechos a la libertad de expresión, debido proceso, participación ciudadana y control político y defensa del patrimonio público”.
La venta de las acciones de UNE ha sido autorizada por el Concejo de Medellín con una votación de 16 a favor y 5 en contra. El dinero que se obtenga de la transacción, aunque aún no ha sido estimado con precisión, se destinará a un fondo de innovación que apoyará proyectos en áreas clave como el talento humano, la innovación en Medellín, la gestión de residuos sólidos y la mejora de la conectividad.
Empresas Públicas de Medellín (EPM), propietaria de las acciones de Tigo-UNE, ha explicado que la decisión de venderlas responde a los riesgos inherentes al sector de las telecomunicaciones, donde no cuentan con la especialización necesaria. Además, la competencia es intensa y la rápida obsolescencia tecnológica requiere inversiones significativas, lo que ha generado preocupación en torno a futuras necesidades de capitalización.