Gobierno nacional busca espacio para dialogar con Thomas Greg & Sons sin pretenciones judiciales

Este martes hubo la primera mesa de conversación entre la Procuraduría, la Cancillería y representantes de la firma Thomas Greg & Sons

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo | .EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

En medio de un proceso de diálogo mediado por la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa Thomas Greg & Sons han comenzado conversaciones para resolver el conflicto relacionado con la producción de pasaportes en Colombia.

Tras culminar la reunión, el canciller Luis Gilberto Murillo destacó la importancia de alcanzar un acuerdo satisfactorio en medio de las diferencias jurídicas que han surgido entre ambas partes y tener más espacios de entendimiento sin tener que recurrir al ámbito judicial.

El pasaporte de emergencia es el gris, y tiene solo 8 hojas - crédito Gobernación de Antioquia

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Según Murillo, “el espíritu es que se pueda dialogar con Thomas Greg & Sons y llegar a algún tipo de avance, un entendimiento que permita que estas pretensiones judiciales no estén sobre la mesa”, lo cual refleja la voluntad del Gobierno de buscar una solución consensuada que evite la prolongación de conflictos legales.

El proceso continúa bajo la vigilancia de la Procuraduría y la Contraloría, organismos que han mostrado preocupación por la continuidad en la expedición de pasaportes.

Este diálogo busca no solo resolver las disputas legales actuales, sino también garantizar que la emisión de pasaportes en el país no sufra interrupciones, lo que podría afectar a miles de ciudadanos.

Thomas Greg & Sons, que ha sido la encargada de la producción de estos documentos, podría así desempeñar un rol asesor, ayudando a diseñar un proceso de transición que sea eficiente y que cumpla con los estándares requeridos.

La próxima reunión entre las partes está programada para el jueves siguiente, donde se espera avanzar en las discusiones y encontrar puntos de acuerdo que permitan una transición ordenada hacia un nuevo modelo de emisión de pasaportes.

Exsecretario general de la Cancillería criticó a la entidad por su gestión de pasaportes

En medio del pleito jurídico que enfrenta el Gobierno nacional con la firma Thomas Greg & Sons por el incumplimiento del contrato, el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, se refirió al futuro de la expedición de pasaportes en Colombia una vez termine el contrato actual de impresión el 2 de octubre de 2024.

En ese sentido, Salazar, en diálogo con W Radio, dijo que, de no resolverse el asunto, a partir del 3 de octubre, “se produciría un desabastecimiento de pasaportes y una suspensión del servicio público, cosa que no puede llegar a ocurrir”, advirtió.

José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería | crédito Cancillería.

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Dado que el tiempo para resolver el conflicto es cada vez menor, Salazar, que fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro tras haber adjudicado la licitación de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons, señaló que la manera de evitar una crisis es que la Cancillería continúe adelantando las gestiones para garantizar la continuidad del servicio.

Después de un año de la crisis que sacó a Álvaro Leyva de la Cancillería y causó una demanda de $120.000 millones del contratista al Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha encontrado una empresa que solucione el contratiempo del suministro de pasaportes.

A propósito, sobre si los tiempos serían suficientes para hacer toda la acomodación necesaria y estar listos para la impresión de las libretas, Salazar sostuvo que ese proceso de licitación requiere más de un año.

“Eso es precisamente lo que está ocurriendo con el proceso de licitación: fue iniciado en diciembre del año 2022 con la publicación del plan de necesidades de la Cancillería, esa es la etapa de planificación. Luego hicimos los estudios de mercado y solo hasta marzo o abril de 2023 se adelantó ese proceso que llegó hasta el mes de septiembre, cuando fue declarado desierto”, explicó Salazar.

Por tal razón, dijo que un proceso de licitación “serio y de esa naturaleza” necesita, como mínimo, de diez meses para su ejecución, “que era lo que el entonces canciller Álvaro Leyva había previsto cuando, después de declarar desierta la licitación, se reabrió un nuevo proceso licitatorio y se hizo el contrato de urgencia manifiesta por término de un año”.

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