En la mañana del 23 de julio, una comitiva de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue detenida en la vía Medellín-Anorí, momento en el que los uniformados descubrieron que en los vehículos del Estado estaban siendo movilizados representantes de los ciclos de diálogo del Estado Mayor Central (EMC), pero también algunos guerrilleros que no hacían parte de las mesas de negociación.
De esta forma, se registró la captura de siete miembros del EMC, entre ellos tres cabecillas de frentes liderados por alias Calarca, por lo que esta situación se convirtió en un escándalo en el que múltiples figuras políticas pidieron explicaciones al director de la UNP, Augusto Rodríguez.
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Además de esto, la Procuraduría General de la Nación inició una investigación para determinar la responsabilidad de los escoltas que permitieron que personas con orden de captura vigente fueron transportados en vehículos de la UNP, puesto que Rodríguez afirmó que ellos tenían un listado sobre las personas que pueden movilizar.
Antes esta situación, en la tarde del 30 de julio, Augusto Rodríguez afirmó que desde el Gobierno nacional están planteando la posibilidad de que miembros de la Policía Nacional se sumen a los esquemas de seguridad de los disidentes, para evitar que se vuelvan a registrar situaciones de esta índole.
“Hay una policía especial que se llama la Unipep, que ha venido protegiendo desde el 2016 a los firmantes de los acuerdos de paz, esa policía se ha mejorado en este gobierno y se ha profesionalizado, de tal manera que esa policía que se ha ganado la confianza no solo de los firmantes, sino de las poblaciones, nosotros con el comisionado hemos pensado en involucrarla en los esquemas de protección”, declaró Rodríguez tras una reunión con el comisionado para la Paz, Otty Patiño.
Sobre la labor que podrían cumplir los uniformados en estos esquemas, Rodríguez destacó que así se tendrá un control total de quienes se suben a vehículos de la UNP, puesto que los escoltas no pueden exigir identificaciones.
“Esa policía pueda requisar, exigir identidades de las personas que se suben a los vehículos, porque los escoltas de la UNP no tienen funciones de policía judicial y les queda muy difícil generar situaciones de seguridad”, declaró Augusto Rodríguez.
De la misma forma, durante su presentación ante la Comisión II del Senado, Rodríguez indicó que en la vía Medellín-Anorí se registró un fallo en el que los escoltas no cumplieron con la orden de solo movilizar a las personas resaltadas en las listas de la UNP.
“De una manera escrita estaban ahí (en las listas), hicieron su recorrido y obviamente iban a ir a territorios donde están otras personas, cabecillas o comandantes de frente para conversar con ellos en la intención de ampliar el número de frentes criminales que podrían adherirse a este proceso”, afirmó Rodríguez.
Rodríguez indicó que el error de los escoltas fue permitir que los disidentes con orden de captura se subieran a los vehículos, ya que indicó que era difícil poder verificar que estos se encontraban armados y con dinero en efectivo.
“Al regresar varios de ellos se subieron a los vehículos, rompieron el protocolo que ellos debían cumplir de no subir personas extrañas, porque las armas eran cortas, fácilmente camuflables, o la cantidad de dinero estaba dividido en paquetes que no son muy grandes”, declaró el director de la UNP.
Por último, Rodríguez destacó nuevamente la responsabilidad de los escoltas de la UNP, reafirmando que estas “personas de protección tienen muy claras sus funciones y lo que tienen que cumplir” sin importar la opinión de los mismos protegidos.