El domingo 7 de julio, la abogada Beatriz Quintero, apoderada de Salvatore Mancuso —que tras la desaparición de Carlos Castaño se convirtió en el máximo jefe de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— denunció que conoció de un supuesto plan para acabar con la vida del antiguo contrainsurgente, donde estarían implicados funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
“Se tienen rumores, nos lo han dicho y nos lo han hecho saber —evidentemente no puedo revelar las fuentes— que en el Inpec están esperando que un grupo de sicarios se instale en las afueras del instituto penitenciario para hacer un atentado contra el (expara) en el momento en que sea dejado en libertad”, denunció en el informativo de la televisión pública RTVC Noticias.
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La jurista sostuvo que esa ha sido una de las razones por las que en la entidad carcelaria buscan impedir que Mancuso salga en libertad en el transcurso de esta semana.
La abogada recordó que el exjefe paramilitar tiene un compromiso para resarcir a las víctimas de las desparecidas AUC, así como ser un gestor de paz y lograr que los actuales grupos ilegales, que tuvieron origen en esa organización antiguerrillera, abandones las armas.
Quintero, además, indicó que Mancuso está obligado a mantener su domicilio en la capital antioqueña porque es uno de los requisitos que se exigieron para concederle ese beneficio desde el juzgado que tiene ese proceso.
“Tiene que cumplir y vivir en Medellín porque fue una de las condiciones que se pactaron con la señora juez de Ejecución (...) es una de las zonas en las cuales él no tuvo injerencia cuando hizo parte de las AUC. Para moverse o tener residencia en otro lugar tendría que contar con el aval del juzgado (...) por ahora es algo estricto cumplimiento”, aseveró.
Finalmente, la apoderada de Mancuso afirmó que si desde el Inpec siguen impidiendo la salida de Mancuso, tendrían que instaurar acciones hasta en instancias internacionales, ya que se estarían fraguando violaciones a sus derechos, situación que estaría ocurriendo desde hace tres meses, que fue cuando se anunció la decisión de su puesta en libertad.
“Sería imposible y tendríamos que acudir a las acciones legales que sean necesarias porque es evidente la violación al derecho a la libertad. Estarían en juego las 36 horas que tiene el Inpec para no incurrir en ilegalidades a la detención, cosa que ya está haciendo. Tendríamos que solicitar ayudas internacionales, al mismo señor presidente que tomen cartas en el asunto”, concluyó.