El Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda presentada contra el Decreto 1649 de 12 de octubre de 2023, con el que el Gobierno nacional creó el programa Jóvenes en Paz. Dicha iniciativa social busca otorgar subsidios a jóvenes con el propósito de evitar su participación en actividades ilegales.
La demanda fue interpuesta por Bernardo Henao Jaramillo y Beatriz Eugenia Vida Díaz, argumentando que el decreto presenta una serie de irregularidades, destacando especialmente el desconocimiento del principio de igualdad, ya que solo estaría cobijando a una parte de la población.
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Según los accionantes, el Gobierno estaría pasando por alto dicho principio al otorgar los beneficios únicamente a jóvenes de ciertas edades en situación de vulnerabilidad. El documento presentado menciona: “Se evidencia un claro desconocimiento del precepto de igualdad enunciado en el párrafo precedente y consagrado en nuestra carta magna, toda vez que los beneficios consagrados en el citado Decreto, solo abarca a un grupo de la población en estado de vulnerabilidad el cual es el de jóvenes entre los 14 y 28″.
Otro punto central en la demanda gira en torno a la competencia para la emisión del decreto, argumentando que el programa utiliza recursos del Estado, lo que debería pasar primero por el Congreso para su aprobación. “Valga la pena resaltar que en este caso concreto no nos encontramos frente a un estado de excepción, donde el ejecutivo pueda modificar el presupuesto aprobado, razón por la cual se reitera que el Decreto objeto de estudio, estaría expedido con falta de competencia”, se lee en la demanda.
Además, señalan la ausencia de mecanismos claros y requisitos específicos para la entrega de dinero a los beneficiarios, lo cual podría abrir la puerta a la falta de control en la ejecución del programa. “Dentro de la normatividad legal vigente NO EXISTEN programas preventivos que entreguen recursos directamente sin ningún tipo de control, ni contraprestación por parte de los beneficiarios, como los que consagra este Decreto y en el texto del mismo no existe claridad sobre la escogencia de los beneficiarios y la duración de la intervención”, concluyen los demandantes.
Ahora, el Consejo de Estado deberá examinar los argumentos expuestos por Henao Jaramillo y Vida Díaz, así como la respuesta de las entidades demandadas, para tomar una decisión de fondo sobre el caso. Su fallo podría llevar a la suspensión provisional de los efectos del decreto, en caso de encontrarse fundamento en las acusaciones
No es la primera demanda contra el programa Jóvenes en Paz
En febrero de 2024, el Consejo de Estado aceptó otra demanda contra el programa Jóvenes en Paz del Gobierno. En esa ocasión, el recurso legal fue interpuesto por el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela con el objetivo de declarar la nulidad parcial del decreto que creó el programa.
La controversia se centra en el artículo 21 del Decreto 1649 de 2023, que estipula la conformación del Programa Nacional Jóvenes en Paz con varios componentes, tales como educación, trabajo comunitario, emprendimiento, empleabilidad, atención en salud mental y transferencias monetarias condicionadas. “Estos componentes están diseñados para ofrecer alternativas a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y reducir la criminalidad”, según se consigna en el decreto.
Ruiz Orejuela argumenta que mientras se otorgan estos subsidios a jóvenes para evitar que delincan, hay personas que reciben menos dinero a pesar de trabajar para el país, incluyendo miembros de la Fuerza Pública. “Los miembros de la fuerza pública, quienes ponen en riesgo su vida diariamente, reciben menos apoyo financiero”, argumentó.
Por lo anterior, el exjefe de cartera considera que, “hay una desigualdad evidente en el reparto de los recursos económicos del Estado”.