Delegado de Naciones Unidas, preocupado “por el nivel de violencia que vive la población colombiana”

El atentado sufrido recientemente por Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta Francia Márquez, es uno de tantos hechos de violencia que a diario enfrentan los colombianos en diferentes partes del país.

Así lo hizo saber Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a través de un comunicado en el que se refiere a la actual situación de seguridad en Colombia.

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“Estamos muy preocupados por el nivel de violencia que vive la población en Colombia, incluyendo el atentado de ayer contra el padre de la vicepresidenta; dos atentados la semana pasada en Jamundí, Valle del Cauca, que dejaron varias personas heridas; los ataques a estaciones de policía de Suárez y Cajibío, en Cauca, que afectaron viviendas y la salud de una bebé en un hospital; los combates en medio de la población civil en Madrigal -Policarpa-, Nariño; el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en diferentes regiones, como Cauca, Caquetá, Huila o Nariño; y el homicidio de personas defensoras y líderes”, expuso.

Entre otras cosas, la ONU solicita al Estado colombiano tener mayor presencia en las regiones, con el fin de contrarrestar la influencia que tienen allí grupos armados y estructuras ilegales.

De Rivero añadió que “el Estado, en su conjunto, autoridades civiles y militares, deben trabajar para recuperar la gobernabilidad y proteger los derechos humanos. Esto se puede lograr implementando la política de seguridad humana, adoptada por el gobierno y que debe ser desarrollada en todos los niveles, civiles y militares, y acompañada por la política de desmantelamiento de la criminalidad, con investigaciones de fondo frente a las estructuras que favorecen la violencia. Esta acción conjunta y una estrategia territorial de protección de derechos humanos puede cambiar la situación que está viviendo Colombia. Colombia tiene la capacidad de cambiar la violencia por la garantía de derechos”.

A propósito del atentado, desde el Ministerio de Defensa se informó que Sigifredo Márquez fue evacuado en helicóptero de las FF.MM. en Jamundí, Valle, a donde llegaron refuerzos para combatir la criminalidad y adelantar los procedimientos de investigación para detectar a los autores materiales del atentado. Por el momento no se ha confirmado qué estructura armada está detrás del atentado, pero se sabe que en este punto del país hace presencia el Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc del Bloque Occidental.

En declaraciones a medios de comunicación, el general Jorge Urquijo, comandante de la Sección 4 de la Policía, señaló que se está ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que revele la identidad de los atacantes.

Además, dio una breve descripción de lo que fue el atentado y de cómo la familia de Márquez logró salir ilesa: dos motocicletas abordaron el vehículo blindado y comenzaron a dispararle. Fueron las maniobras de los trabajadores de protección las que evitaron un desenlace fatal. El uniformado aseguró que se está trabajando para capturar a los autores materiales e intelectuales.

Tras lo ocurrido, fue instalado en Jamundí un consejo de seguridad, liderado por Iván Velásquez, ministro de Defensa, quien solicitó aumentar acciones ofensivas en contra de las estructuras ilegales que cometen actos terroristas y están articuladas con el narcotráfico. Esto teniendo en cuenta el ataque con una “moto-bomba” que dejó en ese municipio varios heridos y un hombre muerto en Jamundí.

En la conclusión de su texto, la ONU se refirió a la importancia de seguir en los esfuerzos de paz, tanto por parte del Estado como de las estructuras armadas. El ELN, recientemente, culminó un congreso interno para definir lineamientos en relación con este tema, algo en lo que el Gobierno hace énfasis de manera insistente, teniendo en cuenta el proyecto de Paz Total.

“La ONU considera que los diálogos de paz deben tener como objetivo la protección de la población, fortalecer la presencia integral del Estado, frenar la violencia y la expansión territorial de grupos armados no estatales, y lograr la garantía de los derechos humanos”, se lee en el texto de Naciones Unidas.